Organizaciones y redes sociales de América Latina y El Caribe elaboraron un informe en el marco de una campaña internacional, con la cual demandan justicia fiscal a fin de garantizar el derecho de las poblaciones a la educación.
En el documento, la iniciativa señala que la principal característica del sistema tributario de Paraguay es su baja presión fiscal, sobre todo en el impuesto al tabaco y otros productos que son dañinos para la salud.
“Los pocos impuestos que tienen un valor superior al 10% son ciertos impuestos al consumo (tabaco, perfumes, algunos artículos de lujo), que igualmente tienen tasas muy por debajo de los promedios de la renta vinculada al negocio de dichos productos. En los impuestos a la renta, ninguno pasa del 10%, y debido al sistema de excepciones existentes”, detalla.
Con respecto al impuesto al tabaco, hace énfasis en que Paraguay tiene una de las tasas más bajas de la región y recuerda que el ex presidente de la República Horacio Cartes “posee poderes políticos y empresariales muy fuertes vinculados a este negocio”, como propietario de Tabacalera del Este (Tabesa), la cual es calificada como “monopolio”.
Además, indica que las demás características del sistema de tasas son la desigualdad tributaria, la elevada incidencia de los impuestos indirectos y la alta evasión impositiva, los cuales sufrieron pocos o nulos cambios desde el año 2002, según afirma.
La campaña lleva por nombre “Derecho a la educación con justicia fiscal”, y es impulsada, entre otros, por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Paraguay, “cuasi paraíso fiscal”
Ante todo esto, la iniciativa sostiene que, pese a las diferentes reformas en la administración pública desde el final de la dictadura de Alfredo Stroessner, el país aún sigue considerándose un “cuasi paraíso fiscal”, acogiendo a quienes quieren evadir el disco y las leyes de transparencia de la riqueza.
“Paraguay es uno de los países con más baja presión fiscal en el continente, y se ha convertido en tierra de exilio para quienes buscan evadir al fisco y en general, las reglas de manejo transparente de la riqueza. (…) En general, las características de un cuasi paraíso fiscal aún predominan”, afirma la iniciativa.
Recuerda, a su vez, que las últimas declaraciones políticas de Estados Unidos, con relación a los niveles de corrupción del Gobierno, revelan que las autoridades ejercen un “carácter altamente fraudulento”, sobre todo ante la falta de acciones concretas de la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia, con la falta de investigaciones y las condenas correspondientes.
“Esto queda demostrado con la protección y defensa de las medidas de concentración de riqueza por parte de las élites y su oposición sistemática a la implementación de impuestos directos a la riqueza. Lograr el pleno acceso a derechos fundamentales, como la educación, la salud o el acceso a la tierra, se convierte en un reto que pasa por el develamiento de la estructura profundamente desigual de la sociedad y de la estructura tributaria”, reza el texto.
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Impuesto a la agroexportación
El informe también refiere que la presión tributaria paraguaya persiste hasta la actualidad como “la más baja de Sudamérica” y de América Latina y el Caribe y que el sector del agronegocio y los agroexportadores de soja en general, aún logran evitar que el impuesto sea aumentado.
“Dentro de los sectores de mayor ganancia del país, el sector del agronegocio, y en particular los agroexportadores de soja que participan por aproximadamente 30% del PIB (según los años) con niveles de utilidad que pueden alcanzar de 40 a 50% en los mejores años, se niegan hasta ahora al debate de un impuesto a la agroexportación de granos, de aunque sea 1%”, critica.
También reclama las tasas de impuestos sobre las bebidas azucaradas, del 8% actualmente, sobre el precio minorista y se aplica sobre el valor de venta. “El impuesto es bajo en comparación con los demás países de la región, así también lo es en perspectiva al daño por este tipo de alimentos, hecho comprobado en pandemia”, afirma.
Sobre esa línea y basándose en los que afirma la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un impuesto de 20% por litro permitiría disminuir su consumo por persona, teniendo en cuenta sus efectos en la salud, y con lo que el Gobierno podría “introducir bebederos de agua potable en escuelas y espacios públicos”.
Asimismo, se podrían implementar otros programas en contra de la obesidad y el sobrepeso; reducir en 12% la prevalencia de diabetes y a disminuir en 26% los costos de nuevos casos de la enfermedad en los próximos 10 años.
Falta de balances
Como una dificultad más para una correcta evaluación sobre el sistema tributario y la inversión señala que el Ministerio de Hacienda (ahora Ministerio de Economía y Finanzas) no presenta balances sobre los impuestos recaudados en todas las administraciones del Estado.
“En general se centraliza en la Administración Central, obviando las gobernaciones y municipios, estos últimos responsables de la recaudación del impuesto inmobiliario (fijado a 1% del valor fiscal de la tierra”, añade a su vez.
Inversión en infraestructura
La campaña internacional reafirma también que Paraguay hoy en día necesita invertir en infraestructura en al menos el 45% de sus establecimientos educativos. Afirma que, pese a la situación crítica de la educación, “lamentablemente aún no se vislumbra mayor responsabilidad del Estado”.
También cuestiona el debate que se instaló en los últimos meses en Paraguay a causa de las “noticias falsas”, que despertaron movilizaciones de los autodenominados próvida y profamilia, rechazando el enfoque de derechos y la supuesta “ideología de género”.
“Estos sectores están estrechamente vinculados con sectores económicos que defienden la baja tributación, la “flexibilización laboral” y la estructura actual de tenencia de la tierra, la cual es en Paraguay la madre de todos los conflictos sociales”, asevera el texto.
De acuerdo con Óscar Charotti, de Juntos por la Educación, actualmente Paraguay invierte aproximadamente USD 890 por alumno, pero lo necesario sería USD 3.200 por alumnos, a fin de cumplir con las políticas establecidas para el 2030.
Critica que la brecha sea de más de USD 2.000 millones, en medio de una coyuntura de baja inversión del 3,3% con respecto al PIB, además de los bajos niveles de inversión en insumos, infraesructura, cuidado y tecnologías.
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Uso del Fonacide
A esto se suma el uso de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), debido a que son numerosas las denuncias que se presentan por su mala ejecución por parte de las gobernaciones y los municipios.
Ante todo esto, reafirma que, para corregir las desigualdades en educación, los debates deben partir desde la matriz tributaria y no en debates basados en mensajes religiosos, debido a que estos “desvían el debate de la principal necesidad sentida a diario por las familias paraguayas en su conjunto y dentro de sus diferencias: el acceso gratuito a una educación de calidad”.
“Un mejor financiamiento de la educación pública en Paraguay parte de la observación de la realidad sin velos morales ni religiosos: la realidad científica y humana muestra que las brechas educativas son amplias y repercutan en todos los ámbitos de las relaciones sociales, reproduciendo las desigualdades históricas”, sostienen las organizaciones.
Más sobre la campaña
Se trata de la campaña mundial “Derecho a la educación con justicia fiscal”, impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC).
Se basa en investigaciones realizadas en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, que dan cuenta que no cumplen con el compromiso de asignar el 6% de su PBI.
