Suma y sigue. La senadora liberal María Eugenia Bajac se convirtió este martes en la séptima legisladora del actual periodo parlamentario en perder su banca por un escándalo. Tras su salida de la Cámara Alta por el escándalo de su viaje a un encuentro religioso y su contagio con Covid-19, un concejal de Limpio deberá tomar su lugar.
En su caso, sus colegas la acusaron de haber utilizado dinero del Estado para ir a un encuentro religioso en Perú y solo devolver el viático una vez revelado lo que hizo.
Además, la legisladora liberal volvió al país y en el último día de su cuarentena se hizo un test por el Covid-19. A pesar de que un profesional de blanco le instruyó a que guardara aislamiento hasta tener los resultados de la prueba, la integrante de la bancada llanista fue al Senado y participó de una sesión ordinaria.
Horas después se confirmó que tenía coronavirus y a raíz de esto el Congreso tuvo que suspender todas las actividades legislativas y administrativas.
La primera víctima del proceso de depuración del Congreso fue el colorado cartista Óscar González Daher, quien en agosto de 2018 se vio obligado a renunciar. En el anterior periodo, el pleno del Senado decidió removerlo tras el escándalo de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que revelaron el tráfico de influencias con jueces y fiscales durante su gestión como titular del órgano.
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González Daher integraba la lista de candidatos de la ANR para el Senado y logró nuevamente ingresar. Sin embargo, ante el anuncio de que había una clara mayoría que nuevamente lo destituiría, el caudillo luqueño decidió renunciar al cargo.
Similar destino tuvo Jorge Oviedo Matto, entonces senador de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) que también se vio involucrado en el escándalo del JEM. En su caso, en uno de los audios filtrados se lo escucha pedir a la fiscala Casse Giménez “que amanezca en el banco” para presuntamente depositarle dinero a cambio de ayudarla en un caso.
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Como última intervención en el pleno, Oviedo Matto rogó a sus colegas que acepten su renuncia, para no pasar por la vergüenza de ser destituido. Tras ser aceptada su renuncia, el Unace quedó sin representación en el Parlamento. El partido creado por el difunto Lino César Oviedo en 2002 llegó a ser la tercera fuerza política en Paraguay.
Tanto Oviedo Matto como González Daher enfrentan actualmente procesos ante la Justicia por el caso de los audios.
El diputado colorado por Central José María Ibáñez también renunció al cargo. Sin embargo, su caso fue distinto: Presentó su renuncia días después de que la Cámara Baja lo salvara del proceso de pérdida de investidura.
El legislador fue procesado por hacer figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a su cargo a tres personas que en realidad eran empleados de su quinta particular en Areguá.
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Luego de un proceso de cuatro años, fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, una salida procesal que lo dejó sin antecedentes penales pero que solo es posible con la admisión de los hechos por parte del imputado.
Si bien fue salvado por una mayoría de un pedido de pérdida de investidura, la presión ciudadana motivó su renuncia, que finalmente fue aceptada en Diputados.
Posteriormente le tocó el turno al senador de la ANR Víctor Bogado, quien sí llegó a ser destituido por sus colegas debido a una condena que recibió por el cobro indebido de honorarios por el caso conocido como niñera de oro.
En mayo de 2019, Bogado y Gabriela Quintana fueron condenados por cobro indebido de honorarios en calidad de coautores y absueltos por el delito de estafa.
Un tribunal de Sentencia concluyó que Quintana era funcionaria de la Cámara de Diputados, donde cobraba G. 13.237.400, y a la vez firmó un contrato laboral con la Itaipú Binacional, con un salario de G. 8.339.300. Los jueces indicaron que Bogado facilitó el doble cobro.
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El legislador cartista en todo momento sostuvo su inocencia y aseguró que el caso fue montado para perjudicarlo. Aseguró que también es víctima de una persecución mediática. Finalmente, 35 de sus colegas votaron por su destitución.
Otro en ser destituido por sus pares fue el senador liberal Dionisio Amarilla. Tras una sesión de siete horas, 31 miembros del Senado votaron a favor de la pérdida de investidura por un supuesto caso de tráfico de influencias.
El legislador llanista fue filmado cuando presuntamente intentó mediar para detener unas publicaciones periodísticas sobre unas irregularidades de una licitación del Instituto de Previsión Social que beneficiaba a la empresa de seguridad Security Service Tecnology (SST), vinculada al ex diputado Óscar Chamorro.
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Posteriormente, Amarilla presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para anular su destitución, pero sus pedidos no lograron frenar el juramento de Eusebio Ramón Ayala en su remplazo.
Paraguayo Cubas tuvo una corta pero polémica carrera como senador de la Nación. En noviembre del año pasado, una mayoría de 23 senadores decidió removerlo por supuesto uso indebido de influencias en su segundo año como miembro de la Cámara Alta.
El incidente que colmó la paciencia de los senadores se dio entre Cubas y policías de Minga Porã, Departamento de Alto Paraná. A uno de ellos le dio un akãpete (golpe en la cabeza). Uno de los argumentos para la pérdida de investidura fue el discurso de Payo contra los productores brasileños y ganaderos.
En su periodo como legislador, Cubas protagonizó varios incidentes con otros senadores, como Enrique Riera y Juan Carlos Galaverana, y con otras autoridades públicas.
Otros se salvaron
Así como hubo seis destituciones en los últimos dos años, otros tres diputados se salvaron de ser destituidos, a pesar de enfrentar pedidos de pérdida de investidura y procesos penales por presuntos casos de corrupción.
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En 2019 zafaron de este proceso los diputados Carlos Portillo, Tomás Rivas y Ulises Quintana. Portillo está acusado de tráfico de influencias e incluso fue grabado presuntamente negociando una sentencia; Rivas está procesado por supuestamente hacer figurar como funcionarios a su cargo en el Congreso a tres empleados de sus propiedades privadas; y Quintana -el único de ellos en no tener un pedido de pérdida de investidura- está preso y acusado de ser cómplice de una estructura dedicada al narcotráfico.
De igual manera, el diputado Miguel Cuevas está actualmente preso en la Agrupación Especializada por un proceso por enriquecimiento ilícito.
