Bajac indica en el comunicado que ejerce funciones de ministro superintendente del Programa del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, con lo cual mantiene relaciones laborales –inherentes al desarrollo de dicho programa– con directores, asesores y encargados de los distintos departamentos.
No obstante, niega categóricamente tener relacionamiento alguno que no haga a las tareas propias de dicho programa y menos aún en el contexto de procesos de carácter judicial.
El caso guarda relación con un supuesto pedido de coima de USD 25.000 a una empresa de parte del funcionario Rafael Ramírez Doldán a cambio del voto a favor de dos ministros de la Corte Suprema. El procedimiento judicial estuvo a cargo de los fiscales Anticorrupción Luis Piñánez y Victoria Acuña.
Según las investigaciones, el detenido dijo al denunciante, identificado como Nery Páez Mauro, que el dinero solicitado, supuestamente, era para los ministros de la Corte Raúl Torres Kirmser y Óscar Bajac.
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De acuerdo con la misiva, Ramírez Doldán no forma parte de su gabinete y ostenta el cargo de Técnico Administrativo II, asignado a la Oficina de Facilitadores Judiciales, por lo cual no cuenta con acceso o intervención en expedientes judiciales a cargo de Bajac, informó el periodista Raúl Ramírez.
“El cargo que ocupo se encuentra expuesto a estas penosas situaciones, de las cuales me encuentro ajeno. Ahora bien, existiendo antecedentes de hechos similares es oportuno destacar que ya en el año 2017 he comunicado, nota mediante, a todos los encargados de circunscripcciones judiciales del país, cuanto sigue: (...) ninguna persona, en ninguna circunscripción, está autorizada a invocar mi nombre por cualquier motivo que guarde relación con expedientes procesales que, les recuerdo, deben ser diligenciados conforme a la Constitución y las leyes”, refiere una parte de la nota.
