El recientemente electo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien deberá asumir la titularidad del Ministerio Público en el próximo periodo, envió una nota a la actual fiscala general, Sandra Quiñónez, con el fin de que haya posibilidad de hacer auditorías en la institución.
La misiva dirigida a la todavía titular tiene el lema de “ordenar la casa”, según lo expuesto por Rolón.
El fin es “gestionar aspectos esenciales que hacen a la transición y que tienen que ver con la propuesta efectuada en su momento a la ciudadanía y al Senado Nacional... para lo cual se precisa de un diagnóstico exhaustivo del funcionamiento institucional”, refirió el fiscal general electo.
Expresó que él propondrá personas para hacer las auditorías, en la brevedad.
Rolón Fernández asumirá al frente del Ministerio Público en marzo del 2023, tras la salida de Quiñónez, quien cumplirá cinco años de gestión en el cargo.
La actual titular continúa sorteando un candente ambiente sumido en críticas, por falta de respuestas en varias causas contra políticos y casos de corrupción. Ya se intentó hacer en su contra cuatro veces su juicio político, pero todos fueron archivados y ella sigue en el cargo.
OTRO PEDIDO. Rolón también envió una nota al presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, para que sea desafectado de ejercer actos jurisdiccionales en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, 4ª Sala, donde está actualmente.
Solicitó también dejar de asistir a su despacho todo el mes de diciembre de este año.
Explicó en una nota que este pedido hace porque la transición que prevé realizar en la Fiscalía General del Estado va a afectar su desempeño en el Poder Judicial.
Fue el pasado 14 de diciembre que el camarista, luego de ser incluido en la terna, fue electo fiscal general por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo cual fue aceptado en el Senado por mayoría de votos.
DESAFÍOS. Ya varios sectores expusieron que el fiscal electo tendrá a su cargo el importante desafío de desempolvar causas pendientes de resolución en el Ministerio Público y que llevan meses; otros, inclusive, años sin que se tome ninguna determinación en los casos.
