La profesional del Derecho explica que la denuncia se origina en una visita que realizó ella a la magistrada para exigirle que devuelva el expediente que ya contaba con sentencia definitiva. Dijo que lo hizo en carácter de ciudadana y no de abogada, porque el caso estaba cerrado y la jueza no tenía competencia.
Sin embargo, la magistrada presentó una denuncia diciendo que fue tildada de corrupta, y utilizó a sus asistentes como testigos, lo cual fue considerado como otro elemento irregular del proceso, además de la notificación oficial realizada más de un año y seis meses después, entre otras irregularidades del proceso.
La abogada tildó de ilegal el proceso y presentó ayer un incidente de nulidad, recusando al superintendente de Justicia, Mario Elizeche, y al ministro Alberto Martínez Simón por “interés y parcialidad manifiesta”, así como también la excepción de falta de competencia, ya que actuó como ciudadana y no como abogada.
