Miguel H. López @miguelhache
En nuestro país el uso del dinero público para cualquier cosa o causa, fuera de lo que tendría que ser su propósito prioritario: inversiones del Estado en programas sociales, sanitarios, culturales, infraestructura y atención a sectores más vulnerables, se convirtió hace tiempo en un deporte nocivo y corrupto. Desde lo más banal –salvando las excepciones– como las pensiones graciables hasta robos descarados o “pedidos piadosos”, se articulan para mamar de las tetas del Estado que a estas alturas tiene más ubres que pies el ciempiés.
En estos días surgió la información de que Itaipú Binacional pondrá un número millonario de dinero, no especificado aún, para cubrir parte de los G. 1.000 millones que prevé gastar la Iglesia Católica local para la llamada fiesta de beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, que se hará el próximo 23 de junio en el estadio La Nueva Olla del Club Cerro Porteño.
El grifo con el que abre el Gobierno la canilla del Tesoro público es el decreto por el que declara el evento de beatificación como “de interés nacional”. Son muy respetables las motivaciones y la trascendencia del hecho para los congregados bajo la confesión católica, pero más de eso no. Erogar fondos no reembolsables desde el Estado para cubrir los gastos de una fe o grupo particular, como mínimo bastardea la secularidad con la que debe administrarse el recurso público y rompe el equilibrio constitucional del laicismo estatal.
Desde un plano más ético, los mismos solicitantes de los fondos confrontan con razones elementales que dicen defender desde el punto de vista humanitario. Lo que deben revertirse son las desigualdades y para eso deben utilizarse los fondos –el dinero– la plata que tiene el Estado. Para que la gente deje de vivir en la miseria, sometida a todo tipo de carencias y humillaciones.
Desde el punto de vista económico y financiero, el país necesita de revertir las asimetrías en cuanto a salud, educación y desempleo para instaurar condiciones de vida dignas, mayor capacidad de respuesta a las necesidades básicas de la población, inversión en generación de empleo y condiciones para la supervivencia de la agricultura campesina y las comunidades indígenas en sus contextos naturales y culturales.
En materia de infraestructura, hacen falta escuelas, hospitales equipados, caminos de todo tiempo para unir localidades y canalizar la producción agrícola, etc. Para estas cosas debe ser la plata que tiene el Estado.
Bajo la dictadura, la Iglesia Católica mantuvo con el régimen un maridaje hasta criminal, salvo una franja de compromiso que fue sofocada por la misma jerarquía lascivamente prostronista. En aquel tiempo el Estado otorgaba recursos importantes a sostener de modo inmoral una propaganda y estructura religiosas en particular. Ese vicio de pedir y usar dinero público sigue muy arraigado entre los pastores católicos.
Los recursos que existen dentro del Estado son de la población en su totalidad, sin marcas ni definiciones ideológicas o color. Y debe derivarse e invertirse en su bienestar. No malgastarse en asuntos que no contribuyen al beneficio de todos.
Chiquitunga, en su vida civil, fue una persona gremialmente comprometida y políticamente contraria a todo tipo de injusticias. Si viviera, no aprobaría esto...