La fiscala de la Niñez y la Adolescencia Monalisa Muñoz comunicó que la beba de un año y un mes presenta golpes en todo el cuerpo y politraumatismo de cráneo. Además se presume que la víctima también habría sido abusada sexualmente.
“El informe preliminar que recibimos es que tiene varios golpes, principalmente en la cabeza, lo que le produjo un politraumatismo de cráneo. Esta es la tercera vez que la niña llegó a un centro asistencial”, comentó la fiscala en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.
La niña sería la menor de tres hermanos, pero estos no viven en la misma casa, sino que se encuentran al cuidado de la abuela materna y una vecina. La beba estaba al cuidado de su madre y su pareja, quienes están imputados y detenidos.
“El caso se conoció gracias a que una vecina denunció que la beba se enfermó y se le llevó al hospital. Gracias a que se comunicó esto a los abuelos, familiares pudieron acceder a una asistencia médica. Hoy está en esta situación grave, pero sobre todo por el maltrato”, aclaró la fiscala, ya que también se incurrió en omisión de auxilio.
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Asimismo, señaló que se presume que la beba fue abusada sexualmente. “Está grave y los médicos solo hablan de pronóstico reservado”, manifestó Muñoz. La niña se encuentra al cuidado de su padre y familiares paternos.
La fiscala señaló que, según el relato de la madre, la beba se cayó de la cama, pero el relato no coincide con el informe médico que habla de hematomas y que algunas de las lesiones serían de tiempo atrás.
Refirió que en el historial médico figura que la segunda vez que fue asistida la beba se comunicó al sistema no judicial, que son las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni).
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“Esta es la primera vez que la familia entra al sistema por falta de asistencia médica, pero no fue abordada integralmente porque la mamá y los denunciantes nunca dijeron que tenían otros hijos” (sic), apuntó.
Los datos de la beba y la madre se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.
