La explicación asumida a cara descubierta indica que el Tesoro logrará ahorrar hasta USD 75 millones en un año con los recortes para ser redireccionados a inversiones públicas. Solo como contracara es interesante recordar que porque el Gobierno no combate el contrabando frutihortícola el país pierde anualmente USD 60 millones; y sumado a los otros rubros de contrabando más de USD 100 millones, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería; lo que hace suponer que es mucho más con el subregistro y el ilegal ingreso hormiga de productos.
Volviendo al tema que instala el Gobierno sobre los beneficios laborales del sector público, buscando incluso satanizar asuntos como bonificación familiar, asistencia de salud, escolaridad, vacaciones pagas, etc., lo que subyace bajo lo que no dice Benigno López es que la búsqueda apunta a socavar los derechos conquistados por las organizaciones de trabajadores y eliminar los parámetros de protección y de derechos instituidos. La campaña pública está instalada sobre la base de mentiras y verdades a medias. En ese juego ingresan con facilidad incluso trabajadores del sector privado que no reparan en que sus mismos derechos están bajo amenaza con este ataque oficial.
Si lo que busca el Gobierno de Mario Abdo Benítez, hermano del ministro de Hacienda, es ahorrar recursos, lo hace precisamente en áreas en que menos va a conseguir. Combatiendo el contrabando es justamente donde el país puede triplicar sus ingresos por pago de impuestos. Estudios anteriores indicaban que solo en el paso ilegal de azúcar el país deja de recibir al año impositivamente unos USD 8 millones. Ya no hablamos de la triangulación exponencial del cigarrillo y otros negocios extralegales. Siete años atrás el Centro de Importadores del Paraguay ya sostenía en un estudio que Paraguay perdía al año cerca de USD270 millones por contrabando.
El anuncio del ministro de los recortes de beneficios vía decreto solo sirve para soliviantar el clima social. Legalmente, un decreto no puede cambiar un contrato colectivo que es la extensión mejorada del Código del Trabajo. Tampoco puede hacerse sin consentimiento de una de las partes. Y aún así, las modificaciones que sean introducidas deben ser para mejorar y no retroceder en beneficios. Así lo marcan los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Paraguayo y que son parte de la legislación interna del país, inmediatamente después de la Constitución Nacional.
El costo político que representa esto para cualquier Gobierno no es el deseado por ninguno. Que un ministro encare hacerlo, de modo ilegal incluso, es un dato no menor que indica que hay intereses más poderosos en el firmamento de razones.
No es difícil notar con estos datos que en realidad el ministro de Hacienda no va por más dinero, sino por algo distinto que pueda abrir las puertas a otras acciones. El problema no es que los trabajadores del Estado tengan los beneficios que tienen; todo trabajador debiera tenerlos. El inconveniente está en que se usen informaciones descontextualizadas como pretexto para criminalizar los derechos laborales como si fueran ilegales o reprochables, más aún en un país tan informal y evasor por la complicidad de las autoridades del gobierno, los políticos de turno y un importante sector del empresariado nacional y transnacional.
