16 abr. 2025

Bienestar de los niños no admite populismo ni improvisaciones

Las carencias y las improvisaciones volvieron a marcar el inicio de un nuevo año escolar en las instituciones públicas. El programa insignia del Gobierno de Santiago Peña, Hambre Cero, enfrenta tropiezos y sigue mostrando improvisaciones. Como cada año, surgieron problemas en la entrega de los kits escolares, sumados a la preocupante normalización de la precariedad en la infraestructura de escuelas y colegios. Es inaceptable que la solución a los problemas de la edu-cación en Paraguay siga postergándose. Las necesidades de los niños no pueden esperar.

El nuevo periodo escolar se inició en todo el país con grandes esperanzas. El Gobierno de Santiago Peña había apostado todo a un programa que debería haber sido la gran estrella de su mandato: Hambre Cero.

Hambre Cero en las Escuelas tenía previsto ofrecer en este 2025 alimentos en 7.036 instituciones del sistema público; debería llegar a alumnos hasta el noveno grado, con la excepción de distritos priorizados en las Mesas de Protección Social; ahí debía llegar hasta el tercer curso de la Educación Media. Según expresiones del ministro de Educación, Luis Ramírez, este año hubo un aumento de la matriculación; se registraron más de 1.400.000 alumnos, en comparación con los 1.300.000 del 2024. “Tenemos más matrículas que otros años. Eso es lo que está logrando Hambre Cero, que más gente vaya a las escuelas”, había dicho el ministro en entrevista con medios del Estado. Es intolerable que las autoridades del país acepten una realidad en la que los niños pobres asistan a la escuela por la promesa de recibir alimentos que en sus empobrecidos hogares no pueden permitirse. Tal vez sea momento de recordar la frase del movimiento estudiantil de Mayo, de 1968: “Seamos realistas: Pidamos lo imposible”.

Los niños, adolescentes y jóvenes paraguayos tienen derecho a acceder a una educación de calidad, un derecho reconocido por la Constitución Nacional; ellos y sus familias también tienen derecho a vivir una vida digna. Es obligación del Estado proveer las condiciones que les den calidad de vida; una comida no debe ser el anzuelo para que acudan a aprender a leer y escribir. Y de la misma manera en que los niños tienen derecho a la salud y la educación, sus padres tienen derecho a empleos dignos que les permitan satisfacer todas las necesidades de sus familias.

La implementación del programa Hambre Cero en las escuelas no fue tan exitosa como se esperaba desde el sector oficial, pues se deben reconocer las dudas y cuestionamientos desde la misma concepción del programa. Recordemos que al eliminar Fonacide para destinar todos los recursos en la alimentación escolar se tuvo que apartar recursos importantes de programas y servicios; entre ellos, el destinado al Fondo Nacional de Salud que financiaba programas para la salud mental, atención integral a pacientes oncológicos y para la provisión de insumos y equipos para el Ministerio de Salud.

Hambre Cero debía ser un programa ejecutado con eficiencia, en cambio ya nadie podrá olvidar las denuncias y las imágenes del menú, caldo de cerdo aguado que sirvieron en una escuela a los niños. La indignación que despertaron aquellas imágenes (tachos de pintura con un caldo de verduras y trozos de carne flotando) contrastó con la actitud de las autoridades, quienes se vieron más preocupadas por acallar las críticas, amonestar a quienes hicieron las denuncias y enarbolar el discurso de que todo era una manipulación, para embarrar el programa Hambre Cero, el emblema del Gobierno. Aunque ni los alimentos ni los útiles escolares llegan a todos, y todavía cientos de niños paraguayos asisten a instituciones públicas en condiciones de precariedad y con pobre infraestructura: Clases debajo de árboles, y si llega la comida, no disponen de comedores donde almorzar cómoda y dignamente. Hambre Cero dispone de recursos, pero falta la voluntad del Gobierno para asistir a todos los escolares del país en sus necesidades. El presidente y sus ministros deben recordar que no hacen beneficencia, sino que es su trabajo y su responsabilidad como gobernantes. Finalmente, las autoridades no deben olvidar que todo lo que hacen está financiado con recursos públicos, por lo que sería inmoral utilizar sus acciones como propaganda política.

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