Las tarjetas para el billetaje electrónico podrán ser adquiridas desde este miércoles por los usuarios del transporte público, con el fin de utilizar el sistema que será habilitado este 23 de octubre.
Esto, sin detrimento del pago en efectivo, que seguirá vigente hasta los finales de octubre del año 2020, según habían informado desde el Viceministerio de Transporte.
Lea más: ¿Qué pasa si se roba la tarjeta o el bus se avería?
Las empresas encargadas de la venta de los plásticos son: TDP SA, con la Tarjeta Más, que tendrá un costo de G. 6.000 y podrá ser adquirida en los puntos de venta de la quiniela; y Epas SA, con la tarjeta Jaha, que estará disponible en los locales del servicio de Aquí Pago o Pago Express, a un costo de G. 10.000.
Ambas tarjetas podrán ser recargadas en los puntos de Aquí Pago, Pago Express o servicio de POS, con 10.000 puestos de cargas habilitados. Los usuarios podrán realizar cargas con un monto mínimo de G. 3.600 y un máximo de G. 180.000.
Asimismo, la tarjeta permitirá un viaje de emergencia, en caso de que el usuario se quede sin saldo. El viaje será cobrado en la próxima recarga.
Entérese más: Billetaje electrónico funcionará a partir del 23 de octubre
En caso de que el ómnibus presente un desperfecto mecánico y no pueda continuar con el trayecto, el monto abonado será devuelto en la tarjeta.
Así también, se emitirán tarjetas diferenciadas para personas con discapacidad visual, quienes por ley están exoneradas del pago del pasaje en el transporte público, y para los estudiantes.
Las tarjetas especiales serán entregadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Le puede interesar: ¿Cómo funciona el billetaje electrónico?
El billetaje electrónico permitirá al usuario abonar el costo del pasaje con una tarjeta magnética a la cual tendrá que cargar saldo. La misma tendrá que ser aproximada a un aparato electrónico denominada validador, que estará instalado en cada bus.
Paraguay tardó alrededor de cinco años para implementar el sistema aprobado por la Ley 5230 en el año 2014, siendo el último país de la región en incorporarlo.