La subasta debía empezar a las nueve de la mañana, pero se retrasó durante más de media hora, atendiendo a la poca cantidad de oferentes. Se realizó un primer llamado con dos personas sentadas en el sector de los interesados. Ninguna de ellas levantó la mano cuando se realizó el llamado a pujar por la fracción A3 (de cuatro hectáreas), que se presentó con un precio base de G. 112.849.465.752. La subasta de este lote finalmente se declaró desierta.
Tras este primer fracaso –que el jefe de Gabinete, Nelson Mora, calificó como un “revés”–, se procedió, minutos después, al llamado a la segunda subasta correspondiente a la fracción A1 (de dos hectáreas). A estas alturas se presentó un tercer oferente. Sin embargo, ninguno de los interesados manifestaron su interés por pujar por el terreno. Finalmente, uno de los martilleros designados declaró desierta la subasta e indicó que se vería “la manera y la posibilidad de llamar a una nueva subasta con todos los requisitos inherentes legales”.
A este respecto se refirió Nelson Mora durante una entrevista posteriormente al acto. Mencionó que podría realizarse otra convocatoria a una nueva subasta, como así también una “venta directa” o a una “licitación de pliegos”.
“Podemos llamar mañana inclusive de vuelta con los mismos términos”, declaró.
Parte de la responsabilidad de esta conclusión se debió, en palabras de Mora, a la “basura” que se tiró en los últimos 45 días a través de los medios de prensa. “Eso es algo que no podemos negar, desde que teníamos problemas documentales a que el lugar era inundable. Todas esas cuestiones evidentemente hacen mella dentro del espíritu de los inversionistas”, dijo.
“No cerramos en cuatro paredes ni cocinamos absolutamente nada”, señaló en otro momento, aludiendo a las sospechas de que la operación estaría direccionada.
APRESURADA. La Dirección Nacional de Catastro asignó oficialmente, y en menos de un mes, las cuentas catastrales individuales de la zona en torno a las fracciones que se pusieron a la venta.
Wagener, desarrollador inmobiliario, felicitó a la Municipalidad por adecuar sus documentos legales, pero aún así indicó que “falta el máster plan, falta la parte de infraestructura, cómo van a ser las veredas”, y además indicó que las fracciones individualizadas no tienen valor fiscal registrado en la página web de Catastro.
“Nosotros rogamos que todas esas cuestiones se pongan en orden para poder participar”, dijo antes de aclarar que este fue uno de los motivos que desmotivaron sus intenciones de pujar.
El concejal Álvaro Grau (PPQ) criticó, por su parte, lo que consideró “un nuevo bochorno y papelón” en la administración del intendente, Óscar Rodríguez. “Autocrítica lo que ellos tienen que hacer. Ver que hicieron todo mal desde el inicio. La improvisación tiene consecuencias”.
COMISIÓN. En la acción contencioso-administrativa, impulsada por Wagener contra la Municipalidad, se menciona una incongruencia entre los porcentajes de los montos destinados a rematadores. Según el aviso de la subasta publicado a principios de diciembre en los diarios, el comprador de las tierras debe abonar la comisión del rematador del 6% más IVA sobre el monto de su adjudicación por transferencia bancaria. Esta información no solo generó confusión entre los participantes, de acuerdo con la acción presentada por Wagener. También estuvo en contra del artículo 163 del Código Orgánico Judicial (COJ), que estipula que los martilleros cobrarán un 2% sobre el monto de adjudicación para propiedades inmuebles.
El Pliego de Bases y Condiciones, aprobado finalmente por la Junta Municipal, sí incluía correctamente el porcentaje avalado por el COJ.
