“El magistrado Alexandre de Moraes conduce toda la investigación, ajusta los testimonios, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa”, afirmó Bolsonaro en un comunicado difundido en sus redes sociales tras ser informado de las acusaciones.
La investigación concluida por la Policía Federal y que resultó en las acusaciones contra 37 personas, entre ellos Bolsonaro y algunos de sus entonces ministros y asesores, así como militares de alto rango, es conducida por Moraes, el magistrado del Supremo responsable por varias de las causas en contra del líder de la ultraderecha.
En el comunicado, Bolsonaro dijo que la acusación ahora tendrá que ser analizada por la Procuraduría General de la República, ante la cual sí tendrá la oportunidad de defenderse.
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“Tengo que ver qué dice esa acusación. Voy a estudiarla con el abogado. Pero eso obviamente pasará por la Procuraduría, en donde comienza la lucha. No puedo esperar nada de un equipo (de investigadores de la Policía Federal) que usa la creatividad para denunciarme”, afirmó.
La alusión a la “creatividad” del Supremo, según explica el propio Bolsonaro, se apoya en un mensaje enviado por un juez auxiliar de Moraes a un fiscal.
En ese mensaje, filtrado y divulgado en internet, el juez le insta al fiscal a “usar la creatividad” para formular una denuncia contra una revista que simpatiza con Bolsonaro.
Los denunciados en el proceso que investiga un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, tras las elecciones presidenciales en las que Lula venció a Bolsonaro y a pocas semanas de que el líder progresista asumiera su mandato, fueron acusados de los crímenes de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”.
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La investigación constató la existencia de una trama que actuó “de forma coordinada” para “intentar mantener” a Bolsonaro en el poder.
El pasado martes, las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro militares y un agente de la Policía Federal acusados de idear un plan para el magnicidio de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin, y del juez Moraes.
El objetivo, según la investigación, era asesinar a Lula y Alckmin, y crear un “comité de crisis” integrado por militares afines a Bolsonaro. Los planes barajaban el envenenamiento como forma de segar la vida de la fórmula que ganó los comicios de 2022. EFE