La crisis abierta en plena pandemia, que en Brasil dejó más de 3.000 víctimas mortales, intensificó además el debate sobre la capacidad del presidente para seguir en su cargo. Al caso de Moro, quien renunció este viernes alegando “interferencias políticas” de Bolsonaro, se une el del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, cesado la semana pasada por oponerse a relajar las medidas de distanciamiento social para luchar contra el coronavirus.
Bolsonaro fue uno de los pocos mandatarios en el mundo en subestimar el alcance del virus, al que tildó de “gripecita”, y abogó por reabrir el comercio lo antes posible, en contra de las recomendaciones sanitarias locales y mundiales.
RIÑA. Bolsonaro usó las redes sociales para volver a hostilizar a Moro, considerado por muchos un héroe nacional por dirigir el caso Lava Jato, la megaoperación anticorrupción que encarceló a decenas de empresarios y políticos, ente ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula de Silva.
El jefe de Estado de Brasil, que se mueve con soltura en el ring político, publicó una foto junto con su ex ministro y un texto en el que sugiere ingratitud por parte de Moro.
Aseguró que siempre estuvo al lado del ex magistrado incluso cuando, a mediados de 2019, arreciaban críticas por su supuesta imparcialidad en el caso que llevó a la cárcel a Lula y algunos partidos políticos intentaban acabar con su reputación.
Moro respondió a Bolsonaro y afirmó que él también apoyó al presidente cuando “injustamente” le atacaron.
¿JUICIO POLíTICO? Pese a numerosos pedidos de apertura de juicio político que pueden desembocar en la destitución de Bolsonaro, Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados y encargado de tramitar la solicitud, aún no se pronunció públicamente.
El grueso de los partidos de centroderecha con representación parlamentaria, claves para que salga adelante el proceso, tampoco dieron, de momento, señales sobre la idoneidad de abrir un juicio político. El último sucedió en 2016 y desembocó en la destitución de la entonces presidenta de izquierdas, Dilma Rousseff, por presuntas irregularidades fiscales en el manejo del presupuesto estatal.