Una factura sospechosa enviada al Gobierno brasileño por una firma de Singapur para pagar una vacuna india se convirtió en la punta de una trama que podría llegar hasta el presidente Jair Bolsonaro, según miembros de una Comisión Parlamentaria.
La factura de 45 millones de dólares, por 3 millones de dosis de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil. La vacuna aún no había sido entregada. Pero lo que intrigó a Miranda, que se negó a autorizar su pago, fue que el contrato (por un monto total de 300 millones de dólares) al que correspondía esa factura no mencionara a Madison Biotech, la firma singapureña que la envió y que sería de fachada.
Hubo varias señales de alerta, según Miranda, quien testificó el viernes ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada hace 2 meses por el Senado para determinar las responsabilidades del Gobierno en la gestión de la pandemia que ya se cobró más de 500.000 vidas en Brasil.
Una operación tanto más extraña cuanto que Bolsonaro, quien regularmente se burla de los consejos de expertos sobre la pandemia, rechazó anteriormente ofertas de vacunas más baratas y efectivas.
Miranda contó que recibía llamadas de sus jefes a todas horas, ejerciendo lo que él llamó una presión atípica y excesiva, para aprobar la transacción. Pronto surgieron otras irregularidades en el acuerdo y el gobierno acabó por cancelar la operación.
Según el diario O Estado de S. Paulo, Bharat Biotech inicialmente cotizó la dosis del inmunizante a 1,34 dólares, pero Brasil acordó pagarla a 15 dólares, más que por ninguna otra vacuna que haya comprado.
Miranda planteó sus preocupaciones a su hermano, el diputado Luis Miranda, partidario de Bolsonaro, quien los habría recibido a ambos el 20 de marzo en su residencia en Brasilia.
Según contaron los Miranda ante la CPI, Bolsonaro les habría asegurado que transmitiría el caso a la Policía Federal. Algo que aparentemente nunca hizo, lo cual puede llevar esta semana a la CPI a denunciar al mandatario de ultraderecha ante la Fiscalía por “prevaricación”.
La trama se complica. Según el congresista Miranda, en la reunión del 20 de marzo Bolsonaro expresó preocupación por el impacto político del caso y su sospecha sobre el autor del esquema. “Si interfiero con esto, sabes qué tipo de mierda va a provocar. Este debe ser un trato de Fulano de Tal”, contó el diputado Miranda.
Presionado por los senadores para identificar a “Fulano de Tal”, el congresista insistió en que no lo recordaba, hasta que, al borde de las lágrimas, acabó por revelar el nombre: Roberto Barros, un poderoso diputado que encabeza la bancada progubernamental. “Me van a perseguir. Ya lo perdí todo. Sé lo que me va a pasar”, dijo Miranda, quien había llegado a la sesión con chaleco antibalas.
“Fue la primera gran bomba” que salió a la luz en los dos meses de trabajo de la CPI, dijo Geraldo Monteiro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
