El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó este miércoles los alcances que tendría el proyecto de ley que establece “medidas extraordinarias de las finanzas públicas”, con miras a pagar la deuda de alrededor de USD 600 millones con las constructoras y farmacéuticas proveedoras, presentado al Congreso Nacional por el presidente de la República, Santiago Peña.
Bonos y empréstitos
Valdovinos señaló a través de radio Monumental 1080 AM que el primer planteamiento implica que, una vez que se apruebe el proyecto, el Poder Ejecutivo tenga la autorización para emitir bonos soberanos de hasta USD 1.000 millones para el 2024.
Explicó que, si bien la deuda con los proveedores ronda los USD 600 millones, el Gobierno deberá emitir entre USD 500 a 700 millones más para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación (PGN) del año próximo.
Asimismo, dijo que, a la par de las emisiones, el Ejecutivo busca tener la posibilidad de recurrir a empréstitos de organismos multilaterales, pero que se tendrán en cuenta ambas opciones, dependiendo de las condiciones financieras “más favorables para la República”.
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“Se van a hacer ambas y si se hace por la totalidad, serán ambas en el mismo tiempo. A los mercados financieros generalmente no les gusta cuando un país sale muy frecuentemente a recoger fondos y el Gobierno anterior salió en julio, justamente colocó USD 500 millones, por lo que lo más prudente sería esperar hasta el mes de enero”, afirmó.
Sobre esa línea, manifestó que las constructoras e industrias farmacéuticas recién comenzarán a cobrar las deudas impagas en enero del 2024, pero aseguró que, para evitar más acumulaciones de compromisos, para este año ya cuentan con un plan de pago a dichas firmas.
“Nosotros ya hace un tiempo estamos conversando con ellos; la ministra de Obras Públicas les presentó el plan de pago y ellos son conscientes de que en enero vamos a salir a emitir y que para entonces vamos a comenzar a hacer los pagos atrasados”, aseveró.
Fernández indicó también que, para evitar nuevas acumulaciones de pagos o retrasos este año, lo que hizo el Ministerio de Economía es garantizarle al Ministerio de Salud un “monto importante de guaraníes” para el pago de medicamentos nuevos que ellos vayan proveyendo.
Detalló que para el mes de agosto se puso a disposición de Salud un total de USD 11 millones, mientras que para setiembre se prevé un monto similar. A fin de evaluar este sistema de pagos y evitar nuevos errores en setiembre, señaló que para esta semana tienen prevista una reunión con las farmacéuticas.
“Hay que ordenar la forma en que se estaban ejecutando los fondos, tal vez no sea perfecto, pero vamos a ajustar detalles. Ellos están contentos porque hay un plan, está la ley y no habrá retrasos hasta fin de año”, acotó.
Redireccionar royalties
Seguidamente, el ministro de Economía señaló que otra medida que se plantea es que los royalties provenientes de recursos y compensaciones de la Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sean redireccionados a los sectores prioritarios o vulnerables.
Sostuvo que no se trata de que el Poder Ejecutivo quiera “apropiarse” de recursos de municipios y gobernaciones, sino que lo que se pretende es utilizar aquellos fondos que están “estancados” en el Banco Central del Paraguay (BCP), debido a que las entidades no justificaron sus usos.
“Para que las instituciones públicas puedan recibir estos fondos, deben justificar acabadamente cómo utilizaron esos recursos. Cuando no se justifica, el Ministerio de Hacienda no les vuelve a desembolsar”, inició explicando.
“A veces cambian de intendente o gobernador y nunca justifican esos recursos. Es un dinero que está disponible, pero que nunca más van a recibir los municipios. Entonces, lo que se hace es que vaya el dinero al Ministerio de Economía para que nuevamente se asigne”, añadió.
Dijo que, aunque “no es mucho dinero”, ya que son aproximadamente entre USD 20 y 30 millones, “será importante el impacto” que se podrá tener en sectores prioritarios como salud y educación.
Eliminar cargos vacantes
Como tercera medida, mencionó que plantean trabajar con los distintos ministerios, a fin de disminuir o eliminar los cargos vacantes que se van acumulando año tras año y que finalmente no son ocupados, pese a que el Ministerio de Hacienda igual les asigna esos montos.
“Muchos ministerios casi por costumbre van acumulando creación de nuevos cargos y finalmente nunca nombran, pero el Ministerio de Economía tiene que seguir pagando por esos cargos vacantes y todo va a la Caja Fiscal. Por eso, vamos a ir llamando a cada uno de los ministros para ver cuál es la necesidad de esos cargos y utilizar después los recursos disponibles”, refirió.
“Convergencia” en el déficit fiscal
Otro plan que incluye el proyecto de ley de Peña es la ampliación del déficit fiscal para este año, para luego ir ajustándolo nuevamente a partir del 2024, llegando a un 1,5% para el 2026, según afirmó Valdovinos.
Detalló que la idea es que para este año se tenga la posibilidad de ajustar el déficit fiscal del producto interno bruto (PIB) hasta un 4,1%, ―el cual por el momento está establecido en 3,3%―, debido a las deudas que se deben saldar.
No obstante, prevén establecer a partir de esto “un proceso de convergencia”, pasando a un 2,6% para el próximo año; a un 1,9% en el 2025 y, finalmente, al 1,5% en el 2026.
“Creemos que es más razonable, más pensado, para no entrar en una contracción muy fuerte al Fisco”, argumentó.
Capitalizar la AFD
Finalmente, como una medida más, el ministro habló sobre la idea de capitalizar la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que actualmente está comenzando con un proceso para recobrar los préstamos que otorgó años pasados al sector de las mipymes.
“Lo que vamos a hacer es que en lugar de que devuelva al Tesoro Público, capitalice a la AFD, para que tenga más espalda financiera para volver a prestar a las pequeñas y medianas empresas que necesiten”, explicó.
Rol del Congreso y auditoría
Al ser abordado respecto a los cuestionamientos al polémico proyecto por parte de algunos parlamentarios de oposición, negó que la propuesta represente pasar sobre el Congreso Nacional, asegurando que todo finalmente debe ser aprobado por los legisladores.
“Todo esto es una ley, el Congreso es el que finalmente aprueba esto. No entiendo dónde le estamos puenteando. No veo nada extraordinario”, alegó.
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Afirmó finalmente que, para evitar sobrecostos, los ministros tendrán que presentar todos los documentos necesarios sobre las deudas, mientras que el Ministerio de Economía va a trabajar de cerca con la auditoría del Poder Ejecutivo antes de realizar los pagos.
“No es que me van a decir debemos tanto y ya, me van a tener que presentar todos los papeles y cada ministerio va a tener que hacer una revisión en conjunto con la auditoría general del Poder Ejecutivo”, finalizó.
Después de que Santiago Peña envió el documento a los parlamentarios, varios opositores salieron al paso y cuestionaron la propuesta.
El diputado Raúl Benítez (PEN), por ejemplo, expresó preocupación sobre el proyecto, señalando que con ello se busca “puentear” al Congreso Nacional. Para Benítez, “se va cumpliendo” lo que se temía cuando se aprobó la creación del Ministerio de Economía.
