“El fiscal está allanando la casa del poderoso senador Óscar González Daher”. “El ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, fue remitido a la cárcel de Tacumbú. Días anteriores, su esposa Selva Morínigo fue recluida en el Buen Pastor”.
Así más o menos rezaban los titulares de las noticias replicadas durante esta agitada semana en la que coló la esperanza como una bocanada de aire fresco en el asfixiante país de la corrupción y la impunidad.
Son dos casos emblemáticos, pero no los únicos. González Daher es probablemente el senador más rechazado del momento y, aunque en el periodo anterior fue expulsado del Senado, Horacio Cartes, en abierto desafío a la ciudadanía, lo volvió a incluir en su lista legislativa.
El caso Díaz Verón es un verdadero terremoto. Es la primera vez que un ex funcionario de su rango pisa ese infierno llamado Tacumbú, que alberga a casi 4.000 presos, de los cuales el 80% no tiene condena.
¿Qué ha cambiado para que repentinamente el Ministerio Público se arme de coraje y mueva estos expedientes con inusual celeridad? El cambio de gobierno es una razón; hay otros actores políticos y un nuevo eje de poder. Los fiscales y jueces son hábiles intérpretes de los vientos.
Pero si bien la ecuación política es importante, no se puede desconocer a un actor clave cuya emergencia es difícil de pronosticar: la ciudadanía, que, huérfana de una representación genuina, ha decidido tomar la posta que abandonaron los partidos políticos, convertidos en corporaciones cuasi mafiosas que solo trabajan para beneficio de sus cúpulas y sus familias.
BREVE HISTORIA. La cronología de la transición es rica en ejemplos de estos “minúsculos actos de coraje” que han logrado cambiar epílogos y derrumbar impunidades. Por citar algunos:
En 1996, cuando el general Lino Oviedo era un factor desestabilizador de la democracia, la gente salió a las calles. Cuando Wasmosy lo nombró ministro de Defensa para descomprimir la tensión, la furia ciudadana no se hizo esperar y salió a las calles a repudiar el trueque político. Con el respaldo ciudadano e internacional, el presidente de la República se animó a dejarlo fuera del esquema de poder.
El mismo Oviedo pretendió ser el poder detrás del trono de Raúl Cubas (1998). La crisis política se encendió con el asesinato de su archienemigo, el vicepresidente Argaña, en abril de 1999, que provocó la salida a las calles de miles de manifestantes. La muerte de 7 jóvenes enfureció a la ciudadanía. La crisis finalizó con la renuncia de Cubas Grau.
En 2012, volvieron a moverse los músculos ciudadanos cuando el Congreso se disponía a otorgar a la Justicia Electoral G. 186.000 millones para operadores políticos. La convocatoria vía redes sociales, denominada After Office Revolucionario, reunió unas cinco mil almas para repudiar el despilfarro. El Senado rechazó el aumento.
Un año después, la ira ciudadana volvió a las calles tras el vergonzoso blindaje al senador Víctor Bogado y al ahora ex diputado José María Ibáñez, quienes pagaban con dinero público a su niñera y caseros, respectivamente. La protesta se conoció como el “repudio a los 23”, en alusión a los senadores que trabaron el desafuero de Bogado. El escrache público los encerró en sus casas.
Sin dudas, UNAnotecalles (2015) fue el movimiento de indignados más fresco y poderoso de todas las protestas. Tras el puntapié de los secundarios que salieron a las calles a reclamar mayor presupuesto para la educación, los universitarios, movidos por la descomunal corrupción y el sometimiento político de la universidad, contagiaron al país con sus consignas. Tumbaron al rector Froilán Peralta y a sus acólitos.
El rechazo a la enmienda en el 2017 es otro hito que ratificó que la reelección es una agenda ciudadana y no solamente política.
EL HORNO NO ESTÁ PARA IMPUNIDADES. La ciudadanía tomó conciencia de su poder. Si no, que lo diga el ex diputado Ibáñez, quien tuvo que renunciar apenas un mes después de su reelección.
González Daher, Víctor Bogado, Ibáñez y otros, quienes a pesar de sus antecedentes volvieron al Congreso gracias al Partido Colorado, son la muestra del desprecio político a esa ciudadanía que busca una representación más honesta o, al menos, menos cínica en el Parlamento.
NUEVO SIGLO, NUEVAS REGLAS. Los partidos políticos paraguayos, con escasas excepciones, siguen viviendo en el viejo mundo, creyendo que los votos son un cheque en blanco para sus fechorías e impunidad.
La ciudadanía ha cambiado y se manifiesta de diferentes formas, siendo las redes sociales su arma más impactante. En el país hay más celulares que habitantes y la conexión a internet crece día a día. La indignación corre a velocidad de la luz a través de los smartphones.
Una ciudadanía informada fortalece la democracia. Para ello el periodismo independiente es clave para denunciar la corrupción, las injusticias y las maniobras del poder.
Si la ciudadanía no se movilizara en forma espasmódica cuando un hecho despierta su indignación, los partidos políticos, cada vez más alejados de la gente, ni se tomarían la molestia de corregir rumbos.
Paraguay es un país pacífico y, en muchos casos, hasta dócil y sumiso, pero cuando algo le indigna no hay quien lo frene.
Es hora que tomen nota.
