Nayib Bukele, de 39 años de edad, llegó al Ejecutivo en junio de 2019 de la mano de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con lo que rompió con tres décadas de gobiernos de los partidos tradicionales en El Salvador.
Retrocesos en transparencia, derechos humanos, denuncias de corrupción y el apoyo de acciones que, a criterio de diversos sectores, representan un golpe a la separación de poderes, son algunos de los señalamientos hechos al mandatario.
Bukele y su Gobierno se encuentran también bajo la mirada crítica de la comunidad internacional tras la destitución de los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema y del fiscal general por parte del Congreso, una decisión apoyada por el mandatario y que supone para varios sectores una concentración del poder en su figura.
El presidente ha señalado que los cambios en el Supremo y la Fiscalía son “irreversibles”, aunque no esté entre sus atribuciones constitucionales tal decisión.
Se espera que Bukele asista este martes a la Asamblea Legislativa, de mayoría del partido del presidente, Nuevas Ideas (NI), a rendir cuentas sobre su gestión por primera vez, dado que suspendió su discurso en el primer año de mandato.
DDHH y lucha contra corrupción
Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo a Efe que en materia de derechos humanos se ha observado un “cierre de espacios de participación ciudadana”.
Entre los “aspectos más relevantes”, indicó, se encuentran las “agresiones permanentes al periodismo independiente” y “el quiebre de la institucionalidad democrática, así como el aumento de la pobreza en medio de graves denuncias por corrupción y confrontación con otros gobiernos”.
También apuntó que “el abuso de la fuerza militar para imponer decisiones políticas y cierre de vías de acceso a información pública son los aspectos más preocupantes”.
A juicio de Medrano, este escenario está llevando a El Salvador de “un Estado híbrido a un régimen autoritario”.
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El director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, indicó a Efe que en estos dos años en materia de transparencia y lucha contra la corrupción se observó “un importante retroceso”.
Para Escobar, el nombramiento de Rodolfo Delgado, ex asesor del Gobierno, como fiscal general buscaba que “se tapara las investigaciones de corrupción” contra funcionarios por el manejo de fondos de la pandemia.
También los nombramientos de Bukele en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) han llegado al grado de “inutilizarlo y ponerlo en función de los intereses del Gobierno”.
Política de endeudamiento
Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo a Efe que “no existe claridad sobre cuáles son las prioridades en el ámbito económico, no existe un plan de Gobierno en esta materia y no existe un plan fiscal”.
“Lo que se observa es que la política económica en estos dos años prácticamente se ha reducido al endeudamiento. Es decir, utilizar endeudamiento para cualquier cosa, lo que no es sostenible dadas a las características de El Salvador” añadió el economista.
“El ritmo del endeudamiento en el país ha sido galopante”, subrayó.
De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva, la deuda pública total hasta marzo de 2021 era de 22.978,91 millones de dólares, un 11,9 % más que los 20.533,74 millones computados en marzo de 2020.
Tensión con EEUU
El Gobierno de Bukele y la Administración de Donald Trump en Estados Unidos mantuvieron una relación cercana y la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, en enero pasado, marcó un cambio.
La relación se tensó más con la destitución del los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal Raúl Melara.
EE.UU. es el más crítico de la medida tomada por el Congreso salvadoreño y el enviado especial al Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, indicó recientemente que “la mejor solución a la crisis que se ha abierto es volver a la situación anterior”.
Aprobación de la población
El 86,5 % de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele en estos dos años, aunque algunas de la acciones del mandatario “lastiman su imagen ante la población” pero “no de manera crítica”, señala una encuesta del periódico local La Prensa Gráfica (LPG) divulgada hoy.
Únicamente el 9,1 % de los encuestados lo desaprueba y un 4,3 % no respondió, de acuerdo con los datos del sondeo.
En estos dos años de trabajo, la imagen del presidente ha estado apuntalada por la percepción de que el país ha mejorado en seguridad y que se ha manejado bien la pandemia, señala.
Sin embargo, “las acciones del presidente en contra de la institucionalidad democrática del país lastiman su imagen ante la población, pero no de manera crítica”, señala la publicación que acompaña el sondeo.
