05 jul. 2025

Buscan frenar impunidad con leyes anticorrupción

El hecho de que los casos de corrupción no lleguen a tener condenas y, en cambio prescriban como el sonado caso del presunto desvío de G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura en el que estuvo involucrado el parlasuriano Enzo Cardozo, preocupa de sobremanera a los candidatos al Parlamento. La candidata a diputada María Esther Roa, fundadora de la Comisión Escrache Ciudadano, planteó una serie de elementos que ayudarán a combatir la corrupción y desalentar la gran impunidad reinante.

“La corrupción es la causa de todos los males. Debemos acabar con el verdadero problema de raíz”, resaltó la candidata por la lista 2 del departamento Central.

Entre las medidas que se pueden impulsar para atacar la corrupción y no dejar que las causas se archiven permanentemente refirió que se debe “declarar la emergencia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción”.

Precisamente es la unidad donde caen los más sonados casos que luego terminan en el “oparei”.

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Además, entre las medidas anticorrupción, señala la necesidad del fortalecimiento de las unidades especializadas del Ministerio Público, la creación de un órgano garante de transparencia y el acceso a la información pública, así como el empoderamiento de la sociedad civil organizada para hacer frente a la corrupción pública

Se tiran la pelota. En tanto la ciudadanía observa como los sonados casos que involucra perjuicios millonarios al erario público quedan sin ser castigados por la justicia. Miembros de la cúpula judicial y miembros del Parlamento debaten sobre que instancia tiene responsabilidad en que no se implemente una ley que sanciona las chicanas jurídicas.

Sobre el mecanismo para agilizar los procesos e impida los atajos para prolongar plazos procesales, el senador Fernando Silva Facetti recordó que fue la Corte Suprema de Justicia la que se comprometió en hacer llegar una propuesta practicable.

Dilatan implementación. La conocida popularmente como Ley Antichicanas fue presentada por el Poder Ejecutivo en abril del 2019 y justamente lo hizo el ministro Alberto Martínez Simón, una vez que asumió ese cargo en la máxima instancia judicial.

Ese planteamiento lo puso sobre la mesa para que sus pares lo puedan analizar y modificar y luego de eso oficializar como proyecto de ley.

En tanto el 29 de mayo del 2020, tras un año, oficialmente se presenta la propuesta de modificación ante el Congreso nacional, esperando aceptación.

Para el 2 de junio del 2020. se envía a la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, del Senado.

Luego, el 24 de noviembre del 2021 la Corte entró en sesión y decidió remitir urgimiento al Senado.

Por último, el 25 de julio del 2022 la Comisión de Legislación del Senado, dos años después de que el proyecto llegara al Congreso, llama a una audiencia pública con miembros de la Corte Suprema, el Ministerio Público y otras instituciones.

Ahora está pendiente ese proyecto de ley y la propuesta impulsada por el abogado Enrique Kronawetter.