La propuesta de ley ahora pasa a la Cámara Baja, y de aprobarse, establecerá una asignación mensual del 25% del salario mínimo como pensión, según la ley vigente, con reajustes automáticos conforme a la variación del salario mínimo.
El texto fue consensuado de cuatro diferentes propuestas y decidió mantener los criterios de selección actuales, que incluyen requisitos como no percibir remuneración del sector público o privado, no ser contribuyente del impuesto a la renta personal, no haber declarado ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales, y no poseer más de 30 cabezas de ganado.
desburocratización. Los legisladores subrayaron la importancia de incluir en el texto del proyecto de ley la aplicación de la inscripción automática a través del Ministerio de Desarrollo Social, y plazo máximo de aprobación de 60 días.
Así, el proyecto elimina el censo de inscriptos, incorporó a Senacsa en los controles y se implementará de manera gradual según la disponibilidad presupuestaria.
Para las comunidades indígenas, el acceso al programa será a partir de los 55 años, y para personas con discapacidad, a partir de los 60 años.
Para los demás casos, la edad mínima de ingreso al programa se mantiene en 65 años, priorizando a las personas de mayor edad.
discapacidad. Posteriormente, los senadores también aprobaron, con modificaciones, el proyecto de ley “Que garantiza los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad”, el cual tuvo varios cuestionamientos respecto a modificaciones al Código Civil y al Código de Organización Judicial.
El senador Javier Zacarías Irún, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, argumentó por la aprobación con modificaciones en coincidencia con las comisiones de Legislación, Derechos Humanos y Familia.
Por otro lado, la senadora Yolanda Paredes argumentó el dictamen en minoría por el rechazo del proyecto, no por el fondo de la cuestión, sino por la forma jurídica en que está redactado.
La propuesta de ley tiene por objeto garantizar los derechos de las personas con discapacidad y establecer los mecanismos, y se plantearon algunas supuestas incongruencias con la Ley Nº 3540/2008 “Que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
El proyecto consta de 31 artículos y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para su análisis.
