Varias personas se sumaron a la convocatoria de la diputada Kattya González de hacer ruido para exigir una reforma del Estado y eliminar los privilegios del funcionariado público en diferentes entidades del país.
Esto, en el marco de la pandemia del coronavirus, el cierre de comercios, el despido de trabajadores y el subsidio inicialmente propuesto por el Gobierno de G. 230.000 para que las familias hagan frente a la crisis.
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Los cacerolazos, bombas y bocinas se escucharon en diferentes ciudades del país y los videos llegaron a través de las redes sociales.
Entre tanto, el Gobierno decidió modificar el monto a G. 500.000 ante la crítica y en el marco de los G. 1.600 millones de créditos a los que se accederá el Estado para hacer frente a la situación.
La diputada hizo hincapié durante su convocatoria que una asesora jurídica de la Itaipú Binacional gana G. 110 millones mensual y que dividiéndolo por el monto inicial propuesto por el Gobierno, se podría beneficiar nada más que a 478 familias, alrededor de 1.913 personas.
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Este viernes, diferentes organizaciones sindicales también pidieron al Gobierno que convoque a los sectores sociales a una mesa de diálogo, ya que actualmente son los trabajadores los que cargarán con la deuda de USD 1.600 millones en los próximos 15 años, ante la inequidad fiscal, en tanto que la ayuda no llega a la mayoría de la población.
No es la primera vez que se pide la eliminación de los privilegios, como los vales de combustibles, bocaditos, seguros médicos privados, sueldos exuberantes y desiguales en cuanto a la realidad social del país, direcciones y cargos creados a la medida, entre otros males de la función pública como el nepotismo y planillerismo.
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