Las autoridades económicas señalaron que si bien el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contará con menor presupuesto, otras entidades tienen previstas continuar invirtiendo, como el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la ANDE e Itaipú. Sin embargo, los montos involucrados son mínimos frente a los que se necesitan para ir cerrando las brechas.
También señalaron que esperan firmar el contrato de la alianza público-privada (APP) para el mejoramiento de 108 km de la ruta PY01. En este ámbito es necesario señalar que las APP tienen riesgo de aumentar la deuda. De hecho, algunos organismos internacionales recomiendan tratarlas como deuda, ya que es un contrato con el Estado y la evidencia mundial indica que siempre implican aumento de la deuda pública.
La cobertura y la calidad de la infraestructura determinan en gran medida la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social de los países. Por ello, es importante, contar con instalaciones como aeropuertos, carreteras, puertos, telecomunicaciones, trenes, centrales eléctricas, hospitales, equipamiento urbano y desarrollos turísticos, entre otras.
El logro de estos objetivos exige planes de inversión con una clara identificación de las necesidades, herramientas de análisis y evaluación, capacidades de fiscalización, normas para evitar y penalizar los conflictos de intereses y el tráfico de influencias, así como el incumplimiento de contratos y procesos de cotizaciones por resultados.
Obviamente, esto no se puede lograr sin un plantel de funcionarios públicos bien capacitados y comprometidos con la gestión pública y no con intereses particulares o débiles ante la presión de grupos de interés.
Muchas de las obras inauguradas enfrentan deficiencias evidentes desde el diseño mismo, lo que exige posteriores ajustes que, a su vez, representan sobrecostos. Esto no solo afecta a la eficiencia y calidad, sino también a la transparencia, ya que finalmente queda la duda del costo final de la obra.
Las posibilidades de continuar invirtiendo en infraestructura en el país frente a las restricciones fiscales exigen avanzar con eficiencia y calidad, además de la provisión de información de manera sistemática y oportuna acerca del destino de los fondos de manera a generar mayores niveles de confianza ciudadana.
Ante el contexto del endeudamiento y la persistencia de necesidades de infraestructura, el Gobierno debe dar señales inequívocas de su compromiso con la ciudadanía. La ralentización del crecimiento económico, la crisis climática, la transición demográfica y las deudas sociales persistentes hacen necesarias mejoras sustanciales en los servicios públicos. El país debe ser capaz de aumentar la inversión al menor costo y con la mayor calidad posible.
El Gobierno debe demostrar fehacientemente que el presupuesto está siendo utilizado de forma óptima, construyendo obras sin sobrefacturaciones, con altos niveles de calidad y pertinentes para transitar hacia el desarrollo. Solo de esa manera, podremos discutir cómo las financiaremos en el largo plazo para no caer en la reducción de la inversión o en más endeudamiento.
