“Por la condena... por la condena... por la condena”, fueron las palabras que retumbaron una y otra vez en la álgida jornada del viernes 22 de junio del 2012. En la Cámara de Senadores se votó por la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, marcando así un precedente histórico en la era democrática de Paraguay: El primer mandatario removido vía juicio político.
Un total de 39 senadores liberales, colorados y de otros partidos se mostraron a favor de la condena del ex obispo, quien fue sometido a juicio una semana después de la masacre de Curuguaty, uno de los eventos más sangrientos de los últimos tiempos en el país a causa de la lucha por la tierra. En un enfrentamiento murieron 11 campesinos y seis policías en las tierras conocidas como Marina Cué.
La histórica salida de Lugo se registró faltando poco más de un año para que concluyera su gobierno que inició con su histórico triunfo en las elecciones generales del 2008, cuando ponía fin a una hegemonía de 60 años del Partido Colorado. Mientras se lo juzgaba, en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, miles de personas se congregaron para rechazar el juicio político, una presión que no tuvo eco en el Parlamento.
El conflicto político desató una fuerte crisis por las posiciones encontradas y generó repercusiones a nivel internacional. Para algunos se trató de un golpe parlamentario perpetrado por los partidos tradicionales del país: El PLRA y la ANR. Sin embargo, los actores directos de aquella decisión descartaron ese calificativo y alegaron una actuación legal y con base a lo establecido en la Constitución Nacional.
Juicio político “fue un simulacro”
El libelo acusatorio con el cual se le juzgó políticamente a Fernando Lugo tenía un total de cinco puntos, los cuales fueron calificados por el abogado Adolfo Ferreiro como “un simulacro” para llevar adelante la destitución del entonces jefe de Estado. También formaban parte de la defensa Emilio Camacho y el ex contralor Enrique García.
“Fue un simulacro de juicio de un pacto para derrocar al presidente de la República y todas las justificaciones que inventaron después no tienen un sustento racional, ni jurídico, ni político que oculte su verdadera naturaleza”, expresa Ferreiro a Última Hora en su departamento capitalino.
Los abogados de Lugo tuvieron menos de 24 horas para preparar la defensa, hecho que fue denunciado y alertado por diferentes líderes de la región de ese entonces, quienes calificaron el juicio político como un “golpe de estado” por no respetarse los plazos legales para la defensa y por buscar interrumpir un gobierno elegido democráticamente.
“Había una urgencia de terminar pronto con la conspiración y sacarlo al presidente. Un procedimiento correcto ponía en riesgo los entendimientos para derrocar a Lugo. Era un acuerdo muy amplio, pero también tenía puntos débiles. Además, había una alta cuota de traición del PLRA, el PDP, es decir, toda esa gente decidió conspirar para derrocar, eso no lo van a ocultar nunca y la historia lo va a poner claro”, asegura Ferreiro.
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La analista política Estela Ruiz Díaz, autora del libro La caída de Lugo, entiende que la alianza de los partidos opositores que derrocó al Partido Colorado fue electoral y nada más y que no existió un proyecto común. También considera que se dieron muchos errores en la gestión del poder y que las guerras internas carcomieron la confianza en la alianza.
“Sin duda, los sucesos de Curuguaty se convirtieron en la causa principal del juicio político, pero la intención de sacarlo de la Presidencia venía desde hace tiempo. Creo que se presentaron entre 12 o 13 juicios políticos, pero la masacre de Marina Cué fue aprovechada políticamente para ejecutar el juicio político”, afirma.
El sociólogo Ramón Fogel, en su libro Las Tierras de Ñacunday, Marina Kue y otras calamidades, publicado en el 2013, precisa que existieron 23 intentos previos para destituir a Fernando Lugo.
Solo cuatro senadores que respaldaban a Lugo votaron en contra del juicio: Luis Alberto Wagner, Alberto Grillón, Sixto Pereira y Carlos Filizzola, en tanto que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que lo llevó a la Presidencia, le dio la espalda, dejando así el camino al liberal y vicepresidente de la República, Federico Franco, para que asumiera el principal cargo en el Ejecutivo.
El motivo de fondo de su destitución habría sido la división de la dirigencia del PLRA y las intenciones de sus líderes de buscar la presidencia en el año 2013-2018, entre ellos Efraín Alegre, quien fue destituido un año antes por Lugo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Rafael Filizzola, quien estuvo al frente del Ministerio del Interior.
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Roberto Santander, periodista de larga experiencia cubriendo el área de Presidencia, cree que Lugo destituye con antelación a Efraín Alegre y a Rafael Filizzola porque estaban en conversaciones para formar una dupla presidencial, que no era del agrado de su sector, mientras apunta que Federico Franco aprovechaba cada oportunidad para tirotear contra Lugo.
Ante esa situación, el senador Blas Llano, uno de los principales articuladores de la alianza que llevó a la oposición a la Presidencia, recuerda que si el oficialismo de ese entonces instalaba la chapa presidencial para el 2013-2018, a días de la masacre de Curuguaty, había posibilidades de evitar la destitución de Lugo, conteniendo las ansias de la dirigencia del PLRA.
“Le había planteado inclusive nombres, le dije el nombre del entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, que estaba haciendo una buena tarea y el comunicador Mario Ferreiro”, recuerda el entonces presidente del PLRA, Blas Llano.
Por su parte, el liberal Federico Franco alega que de haberse tratado de un golpe de Estado, como sostienen varios sectores políticos y sociales, no se hubiese prestado para asumir la Presidencia. Trae a colación que una mayoría casi absoluta votó a favor del juicio político y la destitución del ex obispo en el Congreso.
“El único golpe que se hizo fue el que se le incluyó a Venezuela en el Mercosur, yo desde luego como demócrata y liberal jamás hubiera aceptado si fuera un golpe. Fue lo más constitucional y me remito a las palabras del entonces presidente, primero el de someterse al juicio político y segundo al aceptar la decisión del Congreso”, cita.
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El ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur) se dio tras la suspensión por un año de Paraguay en el bloque regional, una sanción aplicada por los miembros socios del organismo a causa del juicio político, lo que se tradujo en consecuencias económicas negativas para el país.
¿Qué pasó en Curuguaty?
La pregunta sobre ¿qué pasó en Curuguaty? seguirá siendo un motivo de división de opiniones, ya que algunos sectores aseguran que fue parte de un complot para derrocar a Fernando Lugo y otros culpan al ex presidente y su entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola, de una negligencia.
Filizzola fue destituido ese mismo viernes 15 de junio, luego de la masacre de Curuguaty y de que esa misma noche el Congreso realizara una sesión extraordinaria para solicitar su renuncia.
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Al día siguiente, Lugo designó al colorado y ex fiscal general Rubén Candia Amarilla como nuevo ministro del Interior, hecho del cual se desligaron los colorados y en contrapartida los liberales e incluso el entorno del ex mandatario aún no comprenden.
“Muchos dirigentes, la mayoría, no entendieron que Lugo nombre a un colorado como ministro del Interior, no parecía muy serio ni oportuno, más que serio parecía inoportuno. Hubiese podido poner a cualquier otro y como que fue un agravante más a la situación complicada”, refiere Blas Llano.
En contrapartida, el senador por el Frente Guasu, Sixto Pereira, fiel aliado a Lugo, aún califica el juicio político como un “golpe político parlamentario”, en tanto que sostiene que en la masacre de Curuguaty existieron francotiradores.
“Poca gente y mucha policía (…) Una muerte provocada (...) Nunca se investigó a fondo para transparentar la masacre”, afirma el legislador de la nucleación de partidos de izquierdas, atendiendo a que hasta la fecha no existen condenados por las muertes de los 11 campesinos.
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“Lamentablemente la sesgada intervención del Ministerio Público tiñó de dudas la investigación, porque se usó políticamente para justificar la destitución”, cuestiona la periodista Estela Ruiz Díaz.
El ex presidente Federico Franco cree que aún hay que poner en contexto la pregunta ¿qué pasó en Curuguaty?, ya que existía una orden de cateo y no de desalojo de las tierras de Marina Cué, que pertenecen al Estado desde 1967 y cuya regularización de sus ocupantes aún a la fecha es una materia pendiente del Estado.
Franco asevera que se trató de una emboscada de los campesinos y que eran profesionales y critica el procedimiento policial y fiscal, que no se haya anunciado e invitado a la prensa, y que, posteriormente, incluso hayan sido ascendidos los comisarios involucrados por parte de Fernando Lugo.
La opinión de Sixto Pereira sobre Federico Franco es más que directa y lo ve como un “conspirador desde un comienzo”, y no le parece un hecho extraño lo que sucedió después con su asunción como presidente de la República. Califica el caso de Curuguaty como “un montaje, una cuestión fabricada para tener argumentaciones para instalar el juicio exprés”.
Franco rechaza la versión de que desde antes ya estaba buscando quedarse con el cargo de Lugo y que hayan existido conversaciones previas para impulsar su figura. Habla de que recién se enteró de la posibilidad el miércoles, dos días antes de la destitución, cuando el Partido Colorado anunció que impulsaría el juicio político.
“No, jamás, nunca, bajo ningún punto de vista. Nunca”, asegura sin titubear Federico Franco ante la consulta sobre una supuesta conspiración previa para quedarse con el sillón presidencial en el Palacio de López.
Algunos liberales vieron con buenos ojos desligarse de la figura de Lugo, luego de que en su Gobierno no consiguieran los espacios o cargos que pretendían, por ser la fuerza que lo llevó a la Presidencia.
La profundización de la crisis liberal
Blas Llano cree que los sucesos de Curuguaty fueron determinantes para poner el punto final de la tensión que se venía prolongando con el tiempo en el interior del Partido Liberal Radical Auténtico.
“Hay que reconocer que en el (Directorio) del PLRA solamente fuimos dos dirigentes los que dijimos que no era conveniente (el juicio político). Uno fue Víctor Ríos (actual ministro de la Corte) y yo que era presidente del PLRA, después ya no hubo prácticamente nadie que acompañe, incluso de personas que se suponían que eran muy afines a Lugo,”, explica.
Sixto Pereira habla de que estaban conscientes del problema interno de los liberales, entre ellos, Blas Llano, Federico Franco y Efraín Alegre, actual presidente del PLRA, y se hablaba de una chapa presidencial para el 2013, pero que ellos buscaban un candidato liberal con perfil de estadista para continuar con los programas de Lugo.
“El problema no fue que no se les escuchó, sino que se había iniciado la profundización de la crisis en el PLRA, cada dirigente liberal venía con sus exigencias y no había institucionalidad partidaria”, manifiesta el senador, quien trae a contexto la profunda crisis y división actual dentro del PLRA, a 10 años de la destitución.
“Eso fue uno de los principales motivos que costaba llevar adelante y ahora se demuestra la profunda crisis del PLRA, donde hay un presidente, pero diversas corrientes que no responden”, compara.
La analista Ruiz Díaz sustenta que el PLRA, principal aliado, finalmente se convierte en el judas de la Alianza Patriótica para el Cambio, así se denominaba la concertación de la oposición para las elecciones generales del 2008.
“El Partido Colorado obviamente que no iba a permitir que ningún gobierno, sobre todo con cierto sesgo de izquierda, permanezca en el poder e hicieron lo que tenían que hacer, pero sin la alianza de los liberales no lo hubiesen logrado”, sella.
Lugo acepta destitución y asume Federico Franco
Poco después de que se conociera el resultado del juicio político, Fernando Lugo y sus allegados ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, a las 18:00 del viernes 22 de junio del 2012, aceptando la decisión del Congreso, pero calificándola como un golpe de Estado. Los ministros que quedaban caminaron agarrados de los brazos hasta la plaza junto a los manifestantes, en apoyo a Lugo.
En ese mismo sentido, se expresaron en ese momento los diferentes presidentes afines a la izquierda de la región, como Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Uruguay y lo que derivó en la suspensión de Paraguay de los bloques del Mercosur y Unasur.
“Finalmente él acepta, creo que ya estaba resignado, su gobierno terminaba un año y 10 meses antes de realizarse las nuevas elecciones generales. Los colorados estaban a la pesca, si bien el que asume es Franco, del PLRA, los colorados sabían que tenían mayores posibilidades ante un sector de la oposición sumamente fragmentado y dividido”, relaciona el periodista Roberto Santander.
El liberal Federico Franco juró solo una hora después de la destitución de Fernando Lugo, a las 19:00, ante el Congreso como nuevo presidente de la República.
“Quiere decir que de 125 parlamentarios –entre diputados y senadores–, 121 parlamentarios estuvieron de acuerdo con la realización del juicio político en forma absolutamente constitucional y finalmente terminó con el período de Fernando”, sostiene Federico Franco aún, a 10 años de aquel hecho que lo llevó a asumir la presidencia de Paraguay, con un futuro incierto y lleno de dificultades.
De hecho, el juramento ya se encontraba dentro del cronograma de actividades del juicio político, hecho que es criticado duramente por el abogado Adolfo Ferreiro, quien formaba parte de la defensa de Fernando Lugo.
“El programa de cómo se iba a desarrollar el juicio político ya tenía como último punto la jura del nuevo presidente, o sea, es como que alguien se vaya a un juicio y el programa del juicio diga el culpable se va preso”, señala.
Los miles de manifestantes, pero sin alcanzar la cantidad esperada para intentar frenar la destitución, fueron reprimidos y dispersados en horas de la tarde noche y con eso se ponía fin al gobierno de Fernando Lugo, quien hoy es senador y uno de los líderes de la tercera fuerza política del país: El Frente Guasu.
Demanda internacional de Lugo contra Paraguay
El ex mandatario y sus abogados accionaron contra Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la destitución y por los hechos anteriormente expuestos que se habrían violado.
“Esa demanda, según lo que entendemos, va a tener que salir favorable a Lugo, porque toda la jurisprudencia del Tribunal de Costa Rica, incluida la que ya se le aplicó a Paraguay, dice que el Paraguay va a ser castigado”, argumenta Adolfo Ferreiro ante una posible nueva condena a Paraguay.
También lo califica de grave, ya que ubica a Paraguay entre los peores países del mundo en materia de institucionalidad, pero a su parecer, lo más peligroso no es cómo le ven al país, sino como se desprecia toda autocrítica de lo que pasó.
“Estamos convencidos de que lo que hicimos está bien, estamos convencidos de que somos una maravilla y en realidad estamos casi, casi al borde del fin del intento de transición democrática en el Paraguay”, reflexiona sobre los años posdictadura.
Lo que dejó el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco
“El triunfo de Fernando Lugo en el 2008 no solo fue histórico, porque un ex obispo ganaba unas elecciones presidenciales, sino especialmente porque quebró una hegemonía de seis décadas ininterrumpidas del Partido Colorado en el poder, tanto en dictadura como democracia”, expone Estela Ruiz Díaz. También resalta que fue la primera vez que una fuerza política cedió el poder al otro en una elección pacífica en Paraguay.
Además de la alternancia política como los aspectos positivos del gobierno de Lugo-Franco, Blas Llano destaca lo hecho en salud, el viento a favor económico en la región, como también el acuerdo sobre Itaipú con Brasil por compensaciones, que representan más de USD 300 millones de manera anual y que continúa recibiendo Paraguay.
“Deja muchas cosas positivas, en primer lugar la alternancia después de casi más de 60 años de gobierno del Partido Colorado, después la aplicación de políticas públicas en áreas muy sensibles como salud pública, donde hay que reconocer tuvo una gran actuación la actual senadora Esperanza Martínez, con la implementación de la Salud Familiar”, afirma Llano.
El periodista Roberto Santander también coincide como aspecto positivo la política en materia de salud, pero cree que muchas cosas fueron iguales y se tuvieron muchas prácticas muy parecidas a las de los gobiernos colorados en función.
“La mayoría coincidimos en el sistema de salud, esto que sigue hasta ahora que es la Atención Primaria de la Salud, que se fue limitando durante el gobierno de Cartes y se volvió a reactivar con el Gobierno de Abdo Benítez (actual presidente). También continúan proyectos como Tekoporã, que es la asistencia a la gente más vulnerable y el programa de adultos mayores, que era una prioridad”, evalúa.
Federico Franco también destaca lo hecho durante su corto mandato, como la apertura al Pacífico ante la suspensión del Mercosur, el túnel Semidei, la autopista Ñu Guasu y el acueducto del Chaco, entre otras cosas, pero también menciona su participación como médico en las políticas implementadas en materia de salud.
“Estoy feliz de haber formado parte del gobierno de la alianza, creo que el gobierno de la alianza debe ser recordado por lo que se hizo. Lamento que haya terminado de la forma que terminó, pero creo que este es el momento en que el pueblo paraguayo tiene que saber que las tierras de Marina Cué son del Estado paraguayo”, responde.
Sixto Pereira refiere que con Lugo se pudo gobernar teniendo una visión de estadista para todos, aunque reconoce como aspectos negativos que se debió buscar una política integral en el tema agrario y de la tierra y no solo programas de asistencia.
“Acá se habló de que se iban a confiscar tierras, casas y se les iba a echar a todos los colorados y coloradas. Sin embargo, se demostró que se puede respetar la pluralidad, se puede hacer un gobierno para todos y para todas”, resalta.
La masacre de Curuguaty refleja aún en la actualidad la desigualdad social en materia de la tenencia de la tierra, la falta de interés político para recuperar las 8 millones de tierras que fueron repartidas durante la dictadura stronista y que debían ser destinadas a la reforma agraria y, por el contrario, un endurecimiento de la Justicia y aumento de las penas para las personas que invadan tierras.
“La cuestión de la tierra es una herida sangrante en Paraguay. La crisis del 2012 es una amenaza para todo presidente que pretenda modificar la estructura de los poderosos dueños de la tierra en Paraguay”, remata Estela Ruiz Díaz.
