Días pasados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de manera acertada y oportuna, hizo una presentación a parlamentarios de la Cámara de Diputados sobre la Caja Fiscal de funcionarios públicos, las perspectivas a corto y mediano plazo y sus implicancias para las finanzas públicas, con la intención de concientizar a los distintos sectores políticos sobre la situación financiera y la necesidad de tomar medidas y realizar ajustes a corto plazo, para garantizar su sostenibilidad y evitar impactos negativos mayores sobre los jubilados y sobre las finanzas públicas en los próximos años.
La situación financiera de la Caja Fiscal es crítica. Según los nuevos datos presentados por el MEF, solo en el año 2023 el aporte del Tesoro utilizando recursos tributarios alcanzó un total de USD 306 millones entre la cobertura del déficit del sector no civil, el pago de una bonificación anual y la transferencia del presupuesto correspondiente a los cargos vacantes. Este aporte representa un subsidio a los jubilados, equivalente según el MEF a una tasa de aporte del 10%, adicional al realizado por los funcionarios activos, quienes están aportando el 16% de sus remuneraciones. Por otro lado, al proyectar el flujo de ingresos y egresos de la Caja para los próximos años se observa que el déficit es creciente y ya en el año 2027, apenas en tres años más, se agotan sus pocas reservas, incrementándose la utilización de recursos tributarios para subsidiarla ese año a un monto de USD 507 millones, el 1,3% del PIB de ese mismo año. Esto es inaceptable para los contribuyentes, quienes están pagando sus impuestos con escasa o nula retribución en términos de infraestructura y servicios públicos razonables.
Venimos alertando hace años acerca de esta calamitosa situación. Es el resultado de haber fijado parámetros absolutamente inviables en los distintos programas de jubilaciones, los cuales deben tener una consistencia entre sí para que sea sostenible en el tiempo. Estos parámetros son: la tasa de aportes; la relación entre el monto de la jubilación, el salario base y los años de aporte requeridos; y la edad mínima de jubilación, que determina el tiempo que un jubilado recibirá el beneficio dada la esperanza de vida al momento de jubilarse. Al analizar los parámetros de la Caja Fiscal, el problema principal está en no fijar una edad mínima de jubilación para amplios segmentos del funcionariado público como los docentes, policías, militares o los funcionarios judiciales, quienes con 25 años de aporte pueden jubilarse en edades inferiores a 50 años o edades muy tempranas con relación a la esperanza de vida actual en nuestro país, que está en 72 años para hombres y 78 años para mujeres. Como resultado, la relación entre el número de aportantes y jubilados es baja e insuficiente con respecto a la relación entre la tasa de reemplazo y la tasa de aporte. Según los datos presentados por el MEF, el primer indicador está actualmente en 2,98 y el segundo es de 5,3 en el caso de la Caja Fiscal. Para mantener el equilibrio financiero en un sistema de reparto puro, estos indicadores deben ser iguales y, para mantener el equilibrio actuarial en un sistema de beneficios definidos, debe existir una relación adecuada entre años de aporte y de jubilación, la cual depende de las tasas de rentabilidad de largo plazo que resulte de la administración del fondo de reserva que necesita acumularse para garantizar las jubilaciones todo el tiempo en el futuro.
Las autoridades de los tres poderes del Estado deberían abordar lo antes posible y con absoluta responsabilidad la solución de los graves problemas estructurales de la Caja Fiscal. Dada la esperanza de vida actual, una edad mínima de jubilación adecuada y razonable es de 62 años de edad para todos los programas de la Caja. Al calcular con un modelo de simulación sencillo y una rentabilidad real del 4% anual de los fondos, que es plausible en un fondo eficientemente administrado, serían necesarios unos 35 años de aporte para mantener la tasa de reemplazo actual promedio del 85% de las remuneraciones. La tasa de aporte del 16% es elevada para estándares internacionales, pero necesaria dado el abultado déficit. Estos ajustes, además de reducir el déficit en los próximos años, corregirían las grandes inequidades existentes al interior de la Caja Fiscal.
