El saldo rojo que lleva a cuestas la Caja Fiscal no es noticia nueva. Desde el 2015, la entidad previsional cierra en negativo debido al déficit que registran los docentes en el sector civil, y los militares y policiales en el no civil.
Sin embargo, esta situación podría agravarse en los próximos años tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que la actualización de los haberes jubilatorios sea igual al incremento salarial otorgado a los funcionarios públicos activos. Actualmente, los reajustes anuales se dan de acuerdo con la inflación.
Según un informe elaborado por técnicos del Ministerio de Hacienda, los excedentes de la previsional estatal, al cierre del 2017, totalizaron los G. 5,4 billones (USD 960 millones). Sin embargo, de aplicarse este reajuste solamente a los 42.237 jubilados del sector civil desde el próximo año, se podría producir un agotamiento de las reservas de la Caja Fiscal en el 2028 (ver infografía).
El documento menciona además que esta medida irá acrecentando el déficit anual de la Caja Fiscal hasta llegar al 1 de enero de 2035 con un agujero negro de USD 3.426 millones.
ALARMA. Esta situación preocupa a las autoridades de Hacienda y ya fue puesta a consideración del equipo que administrará el Fisco después del 15 de agosto.
La inquietud principal tiene que ver con que, en caso de que la Caja Fiscal se quede sin reservas, el pago de las jubilaciones deberá ser cubierto con los ingresos tributarios, circunstancia que obliga a la secretaría de Estado a insistir con la sanción de la ley de pensiones, de modo a poder diversificar las inversiones de los excedentes y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Actualmente, en el ámbito civil hay solo un sector deficitario, el docente. En el 2017, este grupo cerró con un saldo rojo de USD 48,5 millones.
En el sector no civil, tanto los policías como los militares son deficitarios, y cerraron el año pasado con un déficit de USD 127,6 millones.
Sin embargo, de acuerdo con la Ley 4252/10, solo el déficit del sector docente puede ser cubierto con el superávit de los aportes de la administración pública. El resto debe ser cubierto por el Tesoro.
el fallo. Luego de 13 años de estudio, finalmente, la Corte benefició en octubre del año pasado a unos 2.500 jubilados con la actualización de los haberes.
La máxima instancia judicial, con voto dividido, declaró inconstitucionales e inaplicables el artículo 8 de la Ley 2345/03 (modificado por el artículo 1 de la Ley 3542/08), el artículo 18, inciso y) de la misma normativa y el artículo 6 del Decreto 1576/04.
El fallo señala que estos articulados supeditan la actualización de las jubilaciones al promedio de incrementos de salarios en el sector público y a la inflación calculada por el BCP. Esto contradice lo fijado en el artículo 103 de la Constitución, que garantiza la actualización de haberes en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario en actividad.
Tras esta sentencia, otros 300 jubilados plantearon acciones de inconstitucionalidad ante la Corte en enero pasado.
Julio cerró con déficit del 21%
La Caja Fiscal cerró julio con un déficit del 21%, lo que equivale a G. 342.384 millones (USD 60 millones), según el reporte de Hacienda.El documento indica que los aportes del sector público al término del julio alcanzaron los G. 1,27 billones (USD 223,4 millones), mientras que los gastos llegaron a los G. 1,61 billones (USD 283,4 millones). Esta diferencia arroja el déficit citado más arriba. Los sectores deficitarios fueron nuevamente los docentes, policías y militares.
