La pareja se encuentra privada de libertad en Londres, Inglaterra, desde el 2015.
Sin embargo, la Justicia inglesa suspendió la extradición, alegando que se debía estudiar un pedido por parte de la defensa sobre asilo o refugio político para los acusados, según explicó el fiscal interviniente Aldo Cantero.
El 18 de setiembre, la Justicia de Gran Bretaña había dado trámite al pedido de extradición requerido por nuestro país. Esta medida había sido apelada; luego Wyn Williams, juez de la Corte Superior, el 25 de octubre pasado rechazó la solicitud de los apelantes para obtener permiso para apelar ante el Tribunal Supremo. Posteriormente, se decidió que el 18 de noviembre los acusados por el megafraude debían ser trasladados a nuestro país.
El representante fiscal explicó que ya tenían todo preparado los gastos del traslado con agentes de la Interpol, pero sorpresivamente recibieron un comunicado informando que la extradición quedaba pospuesta.
Indicó que ahora deben esperar para ver qué deciden las autoridades judiciales del Reino Unido, si aceptan o no el asilo político.
Finalmente, mencionó que la decisión le descolocó, teniendo en cuenta que dicho pedido se debe realizar antes de la extradición.
