“Denunciamos por traición a la patria a Santiago Peña, quien insólitamente suspendió la de por sí demorada revisión del Anexo C de Itaipú, en lugar de acelerarla”, acusaron. Ocurre que la revisión del documento está habilitada desde el 13 de agosto de 2023, y en principio se estableció como plazo de definición el 31 de diciembre de 2024, fecha que luego fue postergada al 30 de mayo de este año, y ahora este límite será probablemente pospuesto una vez más.
“El motivo aducido es el ilegal espionaje llevado a cabo por el gobierno de Jair Bolsonaro contra el Estado paraguayo, luego suspendido por Lula y ahora conocido. Tal lesivo espionaje debería haber motivado el repudio contra quien perpetró tal agresión y, antes que postergar, exigir al Estado brasileño acelerar la revisión del Anexo C de Itaipú –un reclamo ciudadano de hace más de 50 años– y, además, que se reconozcan todos los derechos soberanos del Paraguay en Itaipú”, reclamaron.
Añadieron que el Anexo C debe ser revisado “teniendo en cuenta (…) el grado de amortización de las deudas (…) y la relación entre las potencias contratadas (…)” (Anexo C, artículo VI). “En cuanto a la deuda, la Contraloría General de la República (CGR) demostró que la denominada ‘deuda espuria’ de USD 4.193 millones es enteramente ilegal y que perjudicó al Paraguay”, indicaron las organizaciones.
Lamentaron que el mandatario no exige el resarcimiento a favor del Estado paraguayo por la “ilegal deuda espuria”, optando por el silencio. “En cuanto a la potencia contratada, el Gobierno de Lula ya reconoció en el año 2009 que el Estado paraguayo puede exportar su energía de Itaipú a precio de mercado al Brasil y a terceros países desde el 2023”, subrayaron.
Soberanía. También lamentan que el jefe de Estado, en lugar de ejercer la soberanía hidroeléctrica desde agosto del 2023, cuando había condiciones ideales “pues el costo del servicio pasó a ser mínimo, le entregó al Brasil nuestra energía de Itaipú a un precio de exportación –costo del servicio más compensación– inferior al que rigió desde el 2009 al 2021, en tanto que todas las cotizaciones de energía subieron notoriamente”.
Se preguntan por qué Santiago Peña entrega a Brasil nuestra energía de Itaipú a un precio inferior al que el mismo Lula da Silva aceptó pagar “y pagó ya hace 15 años”, por qué no exporta nuestra hidroelectricidad a precio de mercado, o por qué al menos no exige que Brasil entregue “en trueque los hidrocarburos que deja de quemar gracias a nuestra energía de Itaipú”.
“La suspensión de la revisión del Anexo C de Itaipú decidida por Peña puede entenderse, más bien, como su afán de prolongar la abierta violación del Tratado de Itaipú –que establece que la tarifa debe ser igual al costo del servicio– manteniendo una ilegal tarifa mayor al costo a fin de que sobre un remanente de uso discrecional en Itaipú, para pagar USD 32 millones lo que vale USD 5 millones” como el caso de los pupitres.
Afirman que la energía de Itaipú debe ser barata hoy para la ANDE y sus usuarios, con una tarifa igual al costo, mientras Brasil “debe pagar un precio de mercado, tal como ya se exporta la energía eléctrica en todo el Mercosur”.
