Se trata del proyecto “que modifica y amplia el artículo 4° de la Ley 1635/2000 - Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores”. La iniciativa agrega un inciso en el que establece el punto que llevó al propio canciller, Euclides Acevedo, a pedir que no se apruebe, porque “es redundante legislar sobre lo que ya está legislado”. Esto, porque por Constitución, las Cámaras están habilitadas a pedir informes a los demás poderes del Estado.
El proyecto que vuelve al Senado es una iniciativa de los senadores Antonio Barrios, Lilian Samaniego, Georgia Arrúa, Arnaldo Franco y Pedro Santa Cruz, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Plantea que cada seis meses los jefes de misión acreditados en el exterior, así como el canciller, los viceministros, las direcciones generales y demás unidades de la Cancillería rindan informes a las Cámaras sobre sus gestiones.