La Cámara de Diputados tratará este domingo, a las 09:30, el pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de sus funciones. Se trata del tercer intento de destituir a la titular del Ministerio Público.
En el 2020, la Cámara de Diputados había rechazado un pedido de juicio político contra la fiscala general y el pasado marzo nuevamente se intentó someterla al proceso de destitución, en medio de polémicas en la Cámara Baja, donde los proyectistas se retiraron al ver que no contaban con los votos suficientes y los colorados cartistas siguieron la sesión aun sin cuórum para intentar rechazar el pedido.
Quiñónez es acusada por los partidos de oposición de no investigar al ex presidente de la República, Horacio Cartes, quien fue declarado este viernes como significativamente corrupto por los Estados Unidos. Esto reactivó el pedido de juicio político contra la fiscala general.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSe necesitan dos tercios de los votos; es decir, 53 votos en el caso de que los 80 diputados estén presentes, para aprobar el juicio político contra Quiñónez.
Tras conocerse la noticia de que Cartes ingresó a la lista negra de los Estados Unidos, rápidamente los sectores de oposición reactivaron el pedido de juicio político, que deberá contar con el apoyo del sector oficialista, ya que los colorados tienen mayoría propia en la Cámara Baja.
El libelo acusatorio que había sido presentado en marzo por la diputada Kattya González consta de 3.000 páginas y se agregan nuevos hechos.
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Entre las causales, se alega la falta de investigación en casos que vinculan al ex presidente Horacio Cartes y sus allegados políticos.
También el nulo avance en las investigaciones contra la fallida obra del metrobús y las que hizo el ex ministro Arnaldo Giuzzio sobre narcopolítica, además de informes de Seprelad que fueron ignorados y de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso referente a Dario Messer, amigo del alma de Cartes y condenado en Brasil por lavado de dinero.
