En cambio, los legisladores no fueron tan colaborativos con el Poder Judicial. La Cámara Baja se llenó de pedidos de desafuero por parte de la Justicia, que fueron congelados sistemáticamente.
Cuatro diputados ya disfrutan del receso parlamentario debido a que sus causas siguen congeladas y sin trámite de desafuero, pese a que existen dictámenes para dar trámite correspondiente.
El Congreso y, particularmente, la Cámara de Diputados no se ha caracterizado precisamente por ser contrapeso del poder y ejercer control a los abusos.
Es más, el propio titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, se había jactado de que las iniciativas del Ejecutivo han sido prioridad.
Las estadísticas así lo confirman y, del total de leyes tramitadas, se tiene que el Ejecutivo remitió una incesante cantidad de proyectos de ley, a tal punto que hasta el Congreso, que por su naturaleza debería gozar de esta prerrogativa, quedó atrás en la producción legislativa.
Así, la iniciativa de leyes, por parte de la Cámara Baja, quedó en 46 proyectos, mientras que el Ejecutivo envió 55, lo que refleja la gran influencia, ya que, por orden natural, es donde se inicia el estudio de todo proyecto de ley.
La misma situación se dio en el Senado, en donde en total tuvieron origen 49 propuestas, lo que habla a las claras de que ambas Cámaras quedaron supeditadas a los proyectos de iniciativa del Ejecutivo, en un rol más de pasapapeles que de una institución de contrapeso.
El Poder Judicial envió una propuesta y no corrió ninguna iniciativa popular.
TRABAS. Muy por el contrario, en cuanto a la relación de la Cámara Baja con el Poder Judicial no tuvo el mismo impacto, sino que hay retaceo.
El pleno prefirió la protección corporativa antes que dar trámite a los pedidos de desafuero que la Justicia solicitó en varias oportunidades, con el fin de poder investigar a diputados imputados.
De este modo fueron a receso parlamentario sin que sus causas puedan tener avance a nivel judicial cuatro diputados de la ANR y el PLRA.
La Justicia ya solicitó que se dé trámite a los desafueros para permitir investigación de cuestionados, pero se optó por hacer caso omiso.
Esta lista está integrada por la diputada liberal por su hijo, Elías Godoy Torres, nombrado en la Cámara con más de G. 9 millones de sueldo, siendo bachiller.
A raíz de denuncias dentro del esquema de los nepobabies, la Fiscalía intervino, y las investigaciones hallaron que el joven se ausentaba constantemente de la oficina parlamentaria en Alto Paraná.
Recientemente, al verse acorralado, reconoció su culpa, tratando de zafar de la Justicia mediante la devolución del dinero cobrado como funcionario, más una exigua donación como reparación del daño. Finalmente, se le otorgó suspensión condicional del procedimiento.
Otro diputado liberal, Cleto Giménez, igualmente imputado en una causa similar, pero con dos hijas, también ubicadas en la Cámara Baja, que tampoco asistían regularmente al recinto.
En otro caso de corrupción, pero que concierne a un colorado cartista, la Cámara también trabó el estudio del desafuero, pese a que la Comisión de Asuntos Constitucionales hace meses dictaminó por el desafuero.
CARTISTA. El diputado oficialista Esteban Samaniego carga con varias imputaciones, pero el cartismo salió en su defensa las veces que fue necesario para congelar el avance de sus múltiples causas.
Entre ellas, la investigación por un presunto desfalco al Municipio de Quyquyhó por G.1.108 millones de perjuicio, que se ha bloqueado. Existe, sin embargo, por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, un dictamen a favor del desafuero.
