La Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor, rechazó este miércoles el pedido de revisión de medidas cautelares del diputado Ulises Quintana, quien es investigado en la misma causa del presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cucho Cabaña. Para la Fiscalía, el legislador era un cómplice de la organización de Cucho.
Lea más: Diputado Quintana apeló rechazo de su pedido de libertad
El recurso de apelación general fue interpuesto por el abogado Óscar Germán Latorre, quien representa al diputado. Con la decisión del Tribunal de Alzada, quedó confirmada la decisión de la jueza penal de Garantías, Alicia Pedrozo, quien no hizo lugar a la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva planteada por Quintana ya el pasado 17 de este mes.
Con esta decisión, el legislador seguirá recluido en la cárcel militar de Viñas Cué por los hechos punibles investigados de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero y tráfico de estupefacientes en grado de cómplice y asociación criminal. El parlamentario colorado volvió a ingresar a prisión en el mes de diciembre del año pasado.
La magistrada Pedrozo había argumentado que no existía variación en la situación procesal de Quintana.
Entérese más: Tribunal ordena nueva audiencia de revisión de medidas para Ulises Quintana
Por su parte, la Cámara de Segunda Instancia recordó que el legislador fue desaforado para ser sometido al proceso judicial, por lo que recibe el mismo trato que cualquier otro ciudadano.
En ese sentido, menciona que las argumentaciones de la defensa ya fueron objeto de análisis tanto por el Juzgado de Garantías y el Tribunal de Alzada en momentos procesales anteriores, pero que no se agregó a la solicitud de la defensa elementos nuevos.
Entre tanto, indica que la defensa tampoco aportó ningún elemento que demuestre una situación de vulnerabilidad que acredite un riesgo en el estado de salud de Quintana, en el marco de la pandemia del Covid-19 y un supuesto hacinamiento.
El Operativo Berilo derivó en la detención de más de 20 personas que presuntamente formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y la integración de activos provenientes de la actividad ilícita.
El legislador habría obstaculizado un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría de Nueva Londres, durante la incautación de una importante cantidad de sumas de dinero que habrían provenido de la actividad delictiva.