El documento, según sus proyectistas, es un instrumento para identificar a los adultos que adeuden cuotas o sean totalmente morosos de su deber de asistir económicamente a su hijo.
El objetivo principal es que las instituciones financieras, públicas o privadas, obtengan sin costo el detalle de si el solicitante de un crédito está en mora de prestación.
En el registro del Redam se debe brindar nueve datos, entre el nombre y apellido de la persona, hasta las cuotas parcial o total que adeuda.
Incluso en la expedición de certificado de antecedentes policiales y judiciales, aparecerá si figura en el Redam.
La senadora Mirtha Gusinky, titular de la Comisión de Equidad y Género, propuso varias modificaciones, incluso desde el artículo 2, 3, 4, 6 y 10. El artículo 2°, habla del deudor alimentario moroso. Con el cambio quedaría “que se entiende por deudor alimentario moroso a la persona responsable del cumplimiento de una obligación alimentaria derivada de una resolución, sentencia firme de fijación de la asistencia alimentaria o acuerdo judicialmente homologado, que incurriere en mora en el pago de tres o más cuotas sucesivas a alternadas”.
El artículo 3°, se refiere al “deber de informar”; en el artículo 4° habla sobre “inclusión en el Redam”; el artículo 6° se refiere a las funciones, el 7° a la administración del Redam, y en el artículo 8° hace referencia al contenido del Redam, donde se refiere al certificado de antecedentes de deudores alimentarios morosos, para que sea requisito obligatorio, así como lo son muchas veces los antecedentes judiciales y policiales.
El artículo 9º habla de la exclusión de personas incluidas en el Redam. El documento vuelve a la Cámara de Diputados.
