Durante una extensa sesión caracterizada por la tensión y el cruce de acusaciones, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo, de manera a elevar las penas por invasiones.
El polémico proyecto de ley, que fue presentado por la bancada del Partido Patria Querida (PPQ) y otros legisladores, plantea seis años de prisión en algunos casos y hasta 10 años ante agravantes.
Según el Código Penal, a partir de un marco penal de cinco años de prisión, los hechos punibles son considerados crímenes y no son posibles las medidas alternativas. Con esto, se pretende que los ocupantes sean llevados a la cárcel, sin la posibilidad de prisión domiciliaria.
El pleno sometió a votación un planteamiento del senador liberal Abel González para que el tratamiento sea nuevamente postergado y su estudio se dé después de las elecciones municipales, pero el pedido fue rechazado.
Finalmente, en votación nominal, 29 senadores votaron a favor de la propuesta y 13 lo hicieron en contra. Con la media sanción, el texto pasa a Diputados.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, es muy probable que la propuesta que criminaliza la ocupación de tierras sea promulgada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien este jueves se pronunció a favor del proyecto de ley.
Hasta 10 años de prisión
El senador colorado cartista Sergio Godoy habló por el dictamen de aprobación de la normativa. Aseguró que las invasiones generan crispación y odio en el país. Dijo que existen personas inescrupulosas que sacan ventajas de las ocupaciones.
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“Tenemos que entender que vivimos en un Estado social de derecho, que la Constitución es la que rige y que existen medios legales para recuperar tierras y no estar incitando este tipo de cuestiones por intereses políticos”, dijo.
Sergio Godoy afirmó que las invasiones deben ser declaradas como crímenes para que las personas que invadan vayan a prisión y no sean beneficiadas con medidas alternativas. “El mensaje debe ser claro. Para nosotros, las invasiones claramente son un crimen”, afirmó.
Godoy explicó que lo que se busca es que las invasiones sean un crimen y cualquier daño que se ocasione a los bienes de las personas se incluya como agravante para que la expectativa de pena sea de hasta 10 años de prisión.
Desproporcionalidad jurídica
Por su parte, el senador liberal Víctor Ríos mocionó el dictamen por el rechazo de la Comisión de Legislación. El legislador sostuvo que el proyecto original apunta a proteger la propiedad privada, la cual ya está protegida de por sí.
Ríos señaló que el dictamen por el rechazo obedece a “consideraciones dogmáticas, científicas y empíricas de las anteriores modificaciones de las leyes”. Aseguró que, hasta hoy, el bien jurídico más importante para el funcionamiento de un Estado de derecho es la vida, por lo que las sanciones por propiedad privada no pueden ser más amplias que las que afecten a la vida.
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“Cortarle el brazo a un prójimo es más grave que una invasión a la propiedad. Cuando el Código Penal establece sanciones se toma en cuenta la jerarquía de valores que establece la Constitución. El marco penal propuesto sería una acción desmedida, el principio de proporcionalidad está en crisis”, explicó.
El legislador ejemplificó que un aborto que atenta contra la vida tiene hasta cinco años de prisión. “La propiedad privada no puede tener más preponderancia que el valor de la vida”, reiteró.
Ríos sostuvo que lo que se hará con el proyecto es llenar las cárceles de más gente pobre. También dijo que pedirá que se aclare el punto en el que habla sobre el dominio, ya que también existen invasiones a dominios públicos y comunitarios y no solo a los dominios privados.
Sobre el punto, afirmó que hay personas que construyen mansiones en tierras públicas, haciendo referencia a las tierras mal habidas.
Sin solución de fondo
Fidel Zavala aseguró que su propuesta solo busca proteger a las propiedades privadas y no beneficiará solo a un sector. El legislador reconoció que esta no será la solución definitiva al propale de raíz, pero consideró que será un paso importante.
“En ninguna parte se habla de la criminalización de las tierras, pero el derecho de uno termina donde empieza el de terceros. Lo que se busca es desalentar las ocupaciones”, dijo.
Asimismo, Zavala adelantó que votará por formar la comisión para resolver el problema de las tierras malhabidas.
“Tomo el compromiso de buscar solucionar los problemas de fondo, tenemos esa deuda con la sociedad. Presentamos un proyecto para recuperar las tierras malhabidas, les invito a que acompañen”, expresó.
Zavala dijo que existen personas que no se preocupan por dar una solución definitiva al problema ya que se benefician políticamente de ello.
El senador reconoció que también existen tierras que son ocupadas ilegalmente con grandes productores locales y extranjeros, las cuales también deberían ser penalizadas.
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Por su parte, el senador colorado Enrique Riera aseguró que lo que se busca proteger no es la tierra, sino al propietario, al productor y al que trabaja con ellos. Denunció que las ocupaciones, en su mayoría, tienen fines comerciales o políticos.
Riera señaló que la mayor parte de las 900 ocupaciones que hay en el país están en el área urbana y no rural.
“Esta no es una idea alocada de algunos senadores. Esta es una ley apoyada por diferentes sectores de productores y todas las municipalidades donde hay el problema y quieren trabajar en paz”, dijo.
La “industria de la invasión”
La senadora Georgia Arrúa aseguró que las invasiones no son casuales, sino un modo de vida de personas que se aprovechan de los sintierras.
“Estos no son actos sueltos, una noche cualquiera se invade una propiedad y se instala todo de repente. El inmueble está totalmente ocupado de la noche a la mañana. Quienes se quedan en las tierras ya viven en asentamientos y hay dirigentes que lucran con ellos. Es la industria de la invasión”, expresó.
Arrúa aseguró que no existe Estado de derecho si no se respeta la propiedad privada. “Hay personas que adquirieron títulos falsos para ocupar propiedades. Muchos campesinos se están alejando de este tipo de operaciones y ahora se están aprovechando de los indígenas”, dijo.
Para la senadora, la “pobreza no es excusa para cometer un delito”. Aseguró que se debe recuperar la paz social. Indicó que se debe dar a las autoridades herramientas jurídicas para hacer justicia.
Respuesta represiva
El senador por el Frente Guasu Sixto Pereira reiteró que durante la dictadura de Stroessner fueron entregadas ilegalmente millones de hectáreas. “Ustedes quieren instrumentalizar la represión de las necesidades de los compatriotas”, dijo.
“Hay cerca de 200 casos de invasión de más de 1.000 kilómetros que fueron invadidos por productores agroganaderos brasileños. Esto es lo que debemos perseguir. Parece que los proyectistas quieren avivarse con su ley represiva”, dijo Pereira.
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Sixto Pereira aseguró que se debe dar una respuesta humana y no represiva a las personas necesitadas del país.
El senador aseguró que actualmente hay solo 2,5 millones de hectáreas de bosques, cuando 3,5 millones son para el cultivo de soja. Pidió que se vea la problemática de fondo.
“La Constitución dice que para convivir se debe respetar el derecho a las tierras, a una vivienda, a una vida digna. Este es un proyecto represivo que le parece a Jair Bolsonaro. Dicen cualquier cosa culpando a la izquierda cuando no tienen fundamentos”, expresó.
Carlos Filizzola, senador del Frente Guasu, aseguró que esta propuesta de normativa solo agudizará la desigualdad y la crispación social. Aseguró que se deben trabajar propuestas de inclusión social y no de exclusión, así como en la regularización de las tierras.
“Reivindicamos el modelo de un país sustentable que sea lindo social y ambientalmente. Este tipo de proyectos no hacen nada para solucionar el problema de la tenencia de tierras”, dijo.
El proyecto de ley es cuestionado por organizaciones sociales y campesinas. Incluso, los obispos católicos hicieron un llamado al diálogo. En cambio, los gremios nucleados en la UIP, ARP, Feprinco, UGP y Fecoprod remitieron a la Cámara de Senadores una nota de respaldo a la iniciativa.
El legislador colorado Juan Carlos Galaverna calificó de “artista” a la senadora Esperanza Martínez tras su exposición, además de repudiarla por endilgar al Partido Colorado “todos los males del Paraguay”, según el parlamentario colorado.
