A través de un comunicado, el Ministerio Público informó, además, que la carpeta fiscal donde se detalla el caso será auditada.
Maciel residía y trabajaba en el barrio Bernardino Caballero de Asunción; era madre de dos niños y falleció tras ser arrollada, según el informe policial, por Lucio Javier Barrios Martínez, el pasado 14 de febrero, en Piribebuy, Departamento de Cordillera.
En principio, los familiares de Karen denunciaron su desaparición, debido a que no tenían conocimiento sobre su paradero, pero se enteraron de que ella ya había fallecido hace un mes atrás y que, incluso, ya fue enterrada en fosa común en el Cementerio del Este.
Cuando confirmaron esa versión, exigieron que el responsable de la muerte de la joven madre pague por el hecho, ya que, aunque el vehículo está incautado, el hombre, quien sería padre de un policía, se encuentra libre.
Indignados, los allegados de la mujer solicitaron que la agente del Ministerio Público y que las autoridades les entreguen el cuerpo para darle una sepultura a la joven madre, así como la entrega de fotos del accidente, debido a que en el expediente no están las imágenes del hecho.
DISCUSIÓN. Por su parte, la fiscala aseguró que supuestamente quisieron comunicarse con ellos, pero que no supieron cómo hacerlo, mientras que los allegados de Karen sostienen que en la cédula de la joven que estaba en posesión de la Fiscalía hasta figuraba el domicilio.
Blanca Lila Maciel, prima de la fallecida, fue a hablar con la fiscala para reclamarle lo sucedido y grabó el encuentro con la cámara de su teléfono celular para dejar constancia.
En el video, que luego fue viralizado, se escucha que aparentemente un fiscal, cuya identidad se desconoce, dice que “no quieran venir a encontrar culpables”.
Los familiares retrucaron que no se hizo bien el trabajo y que no buscaban culpables, porque ya nadie les iba a devolver la vida de Karen.
En la discusión, se puede escuchar que alguien, que afirman es la fiscala Benítez, alza la voz y de forma prepotente dice que la Policía es la única encargada de la identificación de los cuerpos y que, según una nueva ley (relacionada a los muertos por Covid-19), los cadáveres solo pueden estar en la morgue hasta diez días.