La oferta de energía de Paraguay es predominantemente renovable, considerando el peso de la hidroenergía en el total –47% de la oferta energética–; en segundo lugar está la biomasa con el 33%, en su mayor parte explotada en forma no sustentable, y, por último, los hidrocarburos, con el 20%, importados en su totalidad y dependientes de condiciones externas. Desde la perspectiva de la demanda de energía, la principal fuente energética es la biomasa, que absorbe el 44%, seguida por los hidrocarburos con el 40% y, en un lejano tercer lugar, la electricidad con participación de 16%.
Esta matriz energética es insostenible económica, social y ambientalmente tal como lo demuestran los propios datos oficiales. La deforestación y la contaminación del acuífero Guaraní son dos de las consecuencias más importantes del uso de biomasa y de combustibles fósiles. Ambas situaciones son reportadas por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional a través de diversos documentos de monitoreo de áreas boscosas y de investigaciones a profundidad.
Desde el punto de vista económico, tampoco es eficiente. Se pierden recursos fundamentales para el país, como el área boscosa necesaria para enfrentar la crisis climática que tantos costos está generando a nivel público y privado, y, por otro lado, contamina el agua que tarde o temprano requerirá inversión pública para su descontaminación. Mientras, debido a la baja tributación en Paraguay, los efectos negativos de un sector minoritario que se beneficia con esta matriz energética se transfieren a la ciudadanía, quien termina pagando estos costos.
A los factores anteriores se agrega la ineficiencia de los servicios públicos, como el de transporte. El pésimo servicio obliga a las familias a pagar por transporte privado utilizando motos, autos o servicios de taxi. A la vez que aumenta los gastos familiares, genera un aumento del parque vehicular destruyendo calles y utilizando combustibles contaminantes.
Por donde se mire esta realidad, es un gasto para todos. Para el sector público, que debe invertir en obras y reparación de calles dirigidas a vehículos contaminantes y en servicios de salud, y para la ciudadanía, que no cuenta con un servicio seguro, barato y rápido para movilizarse y cuyos impuestos terminan siendo insuficientes para financiar el daño generado.
Las malas condiciones ambientales y económicas se traducen en una pésima calidad de vida. Nos estamos ubicando como país en el núcleo de los focos de calor en la región, haciendo cada vez más lejana la posibilidad de una vida digna. Las desigualdades se amplían porque un sector de la sociedad puede financiarse auto, aire acondicionado, viviendas y lugar de trabajo adaptadas mientras que otros destinan horas de su vida a la movilidad, trabajan de manera indigna y vuelven a sus casas sin servicios de energía o agua de calidad.
Esta sucesión de las consecuencias negativas que conlleva la ausencia de una política energética que beneficie a la mayoría puede continuar casi infinitamente por el amplio alcance que tiene la energía en la vida de las personas.
Es urgente que el Gobierno presente planes sectoriales para transitar hacia una matriz energética que contribuya al desarrollo. La situación actual enardece a la gente y los conflictos que genera nos pone en una encrucijada en la que chocan la demanda por mejores condiciones de vida y la necesidad de producir. A pesar de esta contraposición, en la semana la ciudadanía se unió dando una señal inequívoca de que exige un mejor desempeño de los funcionarios públicos y autoridades a favor de la mayoría.
