El documento fue presentado por el Poder Ejecutivo y derogaría la actual Ley de Quiebras. Para Arca, viene de contramano con la situación económica actual, poniendo en riesgo a las empresas.
El profesional del Derecho indicó que la iniciativa contiene varios artículos que pueden elevar significativamente la cantidad de quiebras. “Este proyecto de ley fue presentado el año pasado para mejorar el clima de negocios, pero el escenario económico social y sanitario cambió”, refirió.
Entre los principales aspectos que causan preocupación, dijo que la propuesta establece que un deudor comerciante en estado de insolvencia (con uno o más incumplimientos) tiene hasta 90 días para presentarse ante el Poder Judicial. Entonces, existen tres vías: pedir la homologación de un acuerdo extrajudicial de reorganización, la convocatoria de acreedores o la quiebra.
“Si en ese periodo de tiempo el deudor no opta por una de estas vías, el acreedor puede solicitar su declaración de quiebra. Vemos que estos plazos no condicen con el trajinar que vive el país”, manifestó.
GASTOS. Asimismo, preocupa el hecho de que a los gastos del proceso que corren por cuenta del deudor, se suman los honorarios del síndico general de Quiebras, entre otros aspectos. “Una persona que está insolvente no puede estar siendo acogotada con tantos gastos, eso vemos con detenimiento ya que puede empeorar la situación del deudor”, indicó Arca. El abogado también aclaró que el proceso de quiebra judicial implica un desapoderamiento de los bienes del deudor.
“Es otro golpe”
Iván Airaldi, representante de las mipymes de Alto Paraná, aseguró que la propuesta viene a dificultar aún más el escenario adverso que vienen atravesando este sector con la pandemia. Manifestó que están buscando un canal de diálogo con la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a la iniciativa y que, en caso de prosperar, procederán a manifestaciones y a otras acciones de protesta.
