Este planteamiento, básicamente, prevé dentro de la Caja Fiscal la equiparación de los haberes que cobran los jubilados con el salario de los funcionarios activos, en correspondencia al cargo que ostentaban los primeros al momento de su retiro.
Así, según las explicaciones dadas, una persona que ocupaba un cargo de director antes de jubilarse y percibía un sueldo de G. 6 millones hace una década, pasaría con esta ley a cobrar G. 13 millones de forma automática, es decir, el doble.
Esta propuesta, sin embargo, tiene varios errores, o al menos desaciertos.
Principalmente, desde el punto de vista conceptual, adolece de equidad en un régimen de seguridad social bajo el sistema de reparto solidario. ¿Por qué? Porque la jubilación debería estar basada en los aportes que hizo un trabajador durante su carrera activa, con una tasa de sustitución que tenga como fin garantizarle que esos aportes le permitirán tener una vejez tranquila y confortable.
Por otro lado, tropieza con problemas de implementación. Si la equiparación es aprobada, significa que automáticamente unos 50.000 jubilados deberán tener un reajuste en base a los cargos en actividad. Eso implica no solamente que el Tesoro deberá buscar recursos adicionales y recortar gastos misionales o inversiones, sino que deberá hacer toda una reingeniería en materia de recursos humanos para encontrar o adecuar los extintos cargos a los actuales, considerando también el proceso de matriz salarial que inició hace años en la función pública.
Ejemplos de que la equiparación puede llevar a un descalabro financiero y a un dolor de cabeza social sobran. Repasemos lo que ocurrió con las fuerzas públicas.
El reciente informe divulgado por el Ministerio de Hacienda indica que la equiparación llevó a un déficit sostenido en el sector no civil de la Caja Fiscal. El reporte señala que el agujero de este sector, entre 2008 y 2021, llegó a los USD 1.454 millones, agujero que debió ser cubierto con los ingresos del Estado que provienen del cobro de impuestos. Los contribuyentes, directos e indirectos, actuaron como salvavidas de unos 16.000 jubilados militares y policías.
Agrega que, en caso de aprobarse la equiparación también para los retirados del sector civil (docentes, maestros universitarios, magistrados y empleados públicos) la Caja Fiscal tendrá un gasto adicional de USD 277 millones por año. Esto, considerando las reservas al cierre del 2021, hará que la previsional pública se quede sin fondos para el 2024. Así, nuevamente los contribuyentes deberán actuar como salvavidas del sistema jubilatorio estatal, con la presión que significa para el Fisco obtener un aporte adicional de USD 831 millones entre 2025 y 2027.
No es una novedad que los jubilados están desde hace años entre los sectores olvidados por las sucesivas administraciones y no está en discusión que merecen un haber justo que les permita tener calidad de vida. El problema es que este proyecto atenta contra la sostenibilidad de todos los beneficiados de la Caja Fiscal y desvirtúa el sistema de reparto solidario. Para colmo, busca cargar sobre la espalda de los contribuyentes el sistema jubilatorio público, cuando el Estado ni siquiera es capaz de brindarles salud, educación o servicios básicos acordes a lo que viene aportando cada día, mes o año.
El otro problema también es que este proyecto nace como respuesta a una necesidad de los jubilados de tener un retiro justo y holgado. Por ende, no basta con que el Gobierno demuestre su preocupación por este proyecto de ley, es imperioso que los actores públicos ideen alternativas y busquen soluciones a esta problemática que enfrentan miles de jubilados.
