Tras reunirse ayer en el Teatro Municipal de Caacupé, los gremios de camioneros y transporte de carga decidieron movilizarse de nuevo desde este lunes y no se descartan nuevos bloqueos de ruta, con el fin de exigir al Gobierno que determine la manera de frenar en algo el alza del precio de combustibles y para que la Fiscalía muestre pruebas contra los dirigentes imputados en la supuesta extorsión.
Así lo manifestó Marcos Andrés Díaz Saucedo, presidente de la Asociación de Grueros del Paraguay, quien señaló a ÚH que durante el encuentro se definió volver a las calles para realizar manifestaciones, pero dijo que no todos coincidieron en realizar cierres de rutas.
Como reflejo de que no se pudo llegar a un acuerdo unánime, solo un sector del gremio de camioneros pedirá que la Fiscalía dé a conocer las pruebas contra cinco de sus líderes que están acusados por un caso de supuesta extorsión al Gobierno, según reconoció el referente.
Si bien varios grupos decidieron retomar las medidas de fuerza, Díaz optó por mocionar que su gremio, particularmente, no se va a plegar a los cierres de ruta. “Somos varios gremios de camioneros y no todos concordamos; solamente vamos a movilizarnos al costado de la ruta en la zona del ex Aratirí.
Asimismo, señaló que tampoco coinciden en los pedidos al Gobierno, ya que los distintos sectores al interior de este segmento tienen sus propias reivindicaciones. En ese sentido, dijo que los miembros de los grupos afectados por el supuesto hecho de extorsión son los que tienen como principal pedido que el Ministerio Público presente las pruebas contra los cinco imputados en la causa, así como la libertad de los detenidos.
procesados. Los cinco procesados son Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay; Roberto Almirón y Vicente Medina, titular y miembro de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay, respectivamente; Juan Friedelin, de la Federación de Camioneros del Paraguay, y Julio César Solaeche, de la Asociación de Camioneros Ovetenses.
Los líderes camioneros supuestamente habrían pedido USD 1 millón para ya no realizar cierres de rutas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero su defensa informó que los mismos se declaran inocentes.
