En total son 11 los campesinos imputados, y uno que está preso en la cárcel de Coronel Oviedo, resultado de años de conflicto con la firma brasileña, por la posesión de las tierras ubicadas en el distrito de Mariscal Francisco Solano López, Departamento de Caaguazú.
“Estamos aguardando por la buena voluntad de las autoridades”, manifestó Benítez a ÚH.
Comentó que eran amenazados por directivos de la empresa, cuando se negaban a negociar sus tierras.
“Pensaban que íbamos a tener miedo con las imputaciones y demás (...)”, señaló, refiriéndose a las autoridades de Bioenergy.
En el paquete de exigencias que los campesinos entregaron al Gobierno para aceptar ser reubicados, figura el sobreseimiento de las causas abiertas, por el tema de las tierras de Laterza Cué.
En ese contexto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, acompañó días atrás a los labriegos a la sede del Ministerio Público, donde conversaron con la fiscala general adjunta, Artemisa Marchuk.
Benítez vio con buenos ojos dicha acción, al igual que sus compañeros, a pesar de que en el encuentro no se llegó a ningún acuerdo.
En aquella ocasión, la representante del Ministerio Público había explicado a los campesinos que los plazos procesales no pueden sufrir alteraciones y que llegado el momento, las instancias pertinentes determinarían los próximos pasos.
