Centenares de productores llegaron a Asunción para movilizarse en reclamo del acuerdo firmado con autoridades hace casi un año. Si bien hubo avances con la promulgación de una normativa, las transferencias pactadas no llegan a todos, mientras que las deudas siguen acogotando a las familias rurales en medio de denuncias sobre abusos por parte las agencias de cobranzas.
Cargados de alimentos de la huerta e implementos para montar carpas, miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP) empezaron a llegar ayer a la Plaza Uruguaya para participar de la cuarta gran movilización desde que se inició la pandemia.
El dirigente Jorge Galeano comentó que si bien hay conversaciones con el sector de camioneros sobre la posibilidad de realizar una manifestación en conjunto, aún no existe acuerdo al respecto. Anoche tampoco dieron a conocer el programa de movilizaciones.
El grupo reclama en primer lugar el cumplimiento de la Ley 6669, que establece medidas de impulso e inversión para programas productivos de la agricultura familiar campesina en el marco del plan de recuperación económica. La medida establece la utilización de USD 25 millones para asistir a la pequeña agricultura, de los cuales alrededor de USD 16 millones (G. 115.000 millones) corresponden a transferencias para que los beneficiarios puedan ejecutarlos para el desarrollo de sus cultivos. El resto, que debe ir a provisión de insumos y construcción de pozos artesianos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aún no lo ejecutó.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLos agricultores urgen la transferencia de recursos teniendo en cuenta que en esta temporada empieza el ciclo productivo para varios rubros de autoconsumo y de renta como maní, maíz, poroto, hortalizas y mandioca.
El MAG realizó desembolsos, pero la mayoría de los campesinos que presentaron sus proyectos y que describen una situación de zozobra, más aún en contexto de pandemia, no recibieron las transferencias.
DESESPERACIÓN. La situación del campo empeoró en un año, ya que la pandemia permeó en las comunidades campesinas. A esto se agregan las amenazas por parte de las agencias de cobranzas al 80% de los productores movilizados. Justamente otro de los reclamos y que forma parte del acuerdo firmado el año pasado está relacionado a la regulación de estas actividades. En ese sentido el sector exige una reunión con autoridades del Banco Central del Paraguay, con el MAG y Hacienda, con la mediación del Congreso Nacional.
La Cifra
16 millones de dólares aproximadamente deben transferirse a comunidades campesinas e indígenas, según la Ley 6669.
