El pedido de habeas data fue presentado en la mañana de este lunes en la oficina del distrito Cecilio Báez, Juzgado de turno de Coronel Oviedo, en el Departamento de Caaguazú.
En mayo de 2016 se dio a conocer la estafa a pequeños labriegos por una suma de entre G. 5 millones y G. 10 millones cada uno, con la falsificación de sus firmas. Supuestamente, funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) fueron los que se apoderaron del desembolso de dinero.
Los campesinos afectados quedaron como deudores de la entidad financiera estatal, sin poder realizar otros trámites crediticios por figurar como morosos.
La presentación de este recurso judicial tiene como objetivo deslindar responsabilidades sobre las firmas aparecidas en las solicitudes y cobro de cheques, supuestamente falsificadas por los responsables del hecho, quienes la semana pasada fueron condenados a dos y tres años de cárcel, informó el periodista de Última Hora Robert Figueredo.
De los 327 afectados en Cecilio Báez, 55 son los que quedaron fuera de Inforcomf, hasta el momento, permaneciendo una gran cantidad de campesinos enredados en el sistema financiero sin poder realizar ninguna transacción con entidades públicas o privadas.
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“Los verdaderos perjudicados son estos compañeros de escasos recursos. En el juicio se dejó de lado los intereses de los pequeños productores”, dijo Alberto Areco, dirigente campesino con vasta experiencia en organizaciones y que lidera al grupo de 122 labriegos.
El pasado miércoles se conoció la sentencia del Tribunal que desarrolló el juicio oral y público de los dos acusados por estafa. Luis Javier Medina Amorín fue condenado a tres años de cárcel y Juan Carlos Alderete a dos años de prisión, pero finalmente no pisará la penitenciaría, pues recibió medidas alternativas a la prisión.
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