Un equipo periodístico de ÚH y Telefuturo realizó un corrido en el área de la cárcel de Emboscada. Constató la situación de precariedad observando que las entradas y controles están al descuido, como el caso de las garitas que están sin cámaras.
Hay dudas y sospechas sobre el contrato por vía de la excepción por G. 6.500 millones que se llevó a cabo del 22 al 26 de diciembre de 2023 para la provisión de cámaras a favor de la empresa Dolfi, representada por Álvaro Yaluk en la era de Ángel Barchini, ex ministro que tendría cercanía por parentesco político con los Yaluk. El contrato fue cancelado en enero de 2024 por denuncias de irregularidades. En efecto, las cámaras fueron instaladas de forma irregular, antes de cerrar la licitación; varios de estos equipos fueron destruidos por Rotela y su primer anillo en la revuelta del 1 de julio.
De uso doméstico. Actualmente, el Ministerio de Justicia se encuentra ejecutando, a través de un convenio con el Parque Tecnológico de Itaipú y (PTI), el montaje tecnológico de las penitenciarías de Emboscada y de Minga Guazú. El concurso referente al módulo Martín Mendoza, que se realiza bajo las reglas de la binacional, con poca claridad y acceso público sobre montos de inversión y procesos de adjudicación, incluye cámaras que bien podrían ser de uso doméstico, según datos en el Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas.
En el Concurso Público de Precios no se solicitó que los equipos de videovigilancia sean cámaras antivandálicas. En el análisis técnico se verifica además que la capacidad, resistencia, almacenamiento y resolución de los equipos corresponden a cámaras de uso doméstico.
PTI solicitó cámaras tipo Domo 4mp, cámara tipo 2 Bullet 2mp (varifocal), cámara tipo 3 PTZ 2mp y cámara tipo 4 Domo 4MP con analítica. Las especificaciones contrastadas con modelos de cámaras dan exacta correspondencia a una tipo doméstica coincidiendo incluso con la descripción del producto de una marca del mercado.
Sobre las cámaras instaladas en Emboscada, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, refirió que son equipos que estaban puestos en lugares estratégicos. “Ocurre lo mismo con los bloqueadores de llamadas de celulares. Ese sistema físico siempre está expuesto a vandalismo, no solo por las personas privadas de su libertad, sino también por los mismos guardiacárceles que no cumplen con sus tareas. Y no es que los destrozan o los descomponen, solo aprietan un botón y las apagan. En el día debemos evaluar los informes de inteligencia y de seguridad si los agentes penitenciarios están cumpliendo el trabajo y con los protocolos”, explicó.
Monitoreo precario. El Centro de Monitoreo de Cámaras de Emboscada opera dentro del penal sin control por parte del Ministerio de Justicia.
“Se tendría que hacer un espejo de las cámaras que transmita al Ministerio de Justicia. Hoy se ve dentro de la penitenciaría y de ahí se informa a la dirección de centros penitenciarios. Hasta ahora se informa y al que informa demasiado se le cambia (sic.)”, revelaron fuentes.
Sin radios, sin cámaras. El 8 de agosto integrantes del Grupo Alpha del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza remitieron una nota al ministro Rodrigo Nicora en la que presentaron su versión de los hechos ocurridos el 1 de julio a las 08:30 aproximadamente.
“Cabe mencionar que esta comunicación es vía radio, lo cual retardó la toma de decisiones debido a que el sistema de comunicación presenta hasta el día de hoy falencias graves, consistente en la señal, teniendo que hacer varios puentes para llegar a la fuente deseada”, remarcando problemas graves de la comunicación en el penal.
A dos meses, sigue la situación sin ningún cambio estructural.
