La idea era que aquellos que ingresaron al servicio estatal con apenas la primaria o secundaria concluida se vean incentivados a finalizar el ciclo terciario y así vieran elevada su asignación mensual a fin de mes.
Como toda buena intención, la política terminó por tergiversarla y finalmente se pagó más también a aquellos que ingresaban a la función pública ya con el título universitario en mano.
Finalmente, como solución, se incluyó este plus como asignación salarial permanente cuando se aprobó la matriz salarial.
El problema es que la idea de motivar la capacitación permanente terminó por ascender y promover de cargo y de asignación salarial a quienes terminaban su carrera en universidades garaje.
Otra buena idea que terminó perjudicando a muchos y promoviendo a otros, es el hecho de que se puntúa en el legajo del funcionario la continúa capacitación.
Mientras que quienes tienen una carga laboral más fuerte no pueden acceder a todos los cursos, quienes tienen menos tarea diaria realizan cuanto curso presencial y a distancia exista, con el plus de que además son quienes más becas al exterior acceden, pues uno siempre no echa de menos a quienes no hacen nada, sino a quienes más trabajan.
Todo esto finalmente está promoviendo a quienes tienen realizados decenas de cursos, aún a costa de su incapacidad para cumplir la función, y terminan percibiendo un mejor salario y obteniendo ascensos.
Según el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018, la Administración Central y entidades descentralizadas tienen empleadas a 298.183 personas, entre docentes, efectivos militares y policiales, personal de blanco y administrativos.
En muchos casos, quienes prestan servicio en la función pública no están capacitados para el cargo o no realizan las labores para las cuales fueron contratados.
Mientras tanto, el Estado sigue destinando más de la mitad de los impuestos que recauda a mantener el aparato estatal, sin plantear alternativas reales para disminuir el gasto salarial.
Más allá del problema de pagar a personas que hacen poco y nada por el servicio estatal, también suma el hecho de que ese dinero deja de ser destinado a salud, educación, seguridad o viviendas, por citar algunos ejemplos, restando así la posibilidad de mejorar la calidad de vida de miles de paraguayos.
Por ello, es necesario replantear el incentivo por capacitación y ejercer un mayor control en la carrera civil. El Estado ya no puede seguir sosteniendo una carga pública de políticos y operadores.
Quien asuma la conducción de la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe proponer de forma urgente una reforma de las normativas del servicio civil.
Esta reforma, necesariamente, deberá incluir mejoras en el mecanismo de capacitación, para que puedan acceder todos por igual, y para que sean promovidos quienes demuestren sobrada capacidad, honestidad y ética en el servicio público.
Ser servidor del Estado debería ser visto como un honor para quienes lo ejercen, y dejar de ser carga pública para quienes pagan sus impuestos.
