El abogado Álvaro Arias, representante legal de Carlos Granada, desistió este viernes de su solicitud para la revisión de medidas de su cliente, por lo que el periodista continuará recluido en la Penitenciaría Regional de Emboscada. Granada está imputado por los hechos de acoso sexual y coacción sexual.
Según explicó el profesional del Derecho, decidieron desistir del pedido, puesto que no disponen del documento correspondiente al dominio de un inmueble que querían utilizar para una caución real, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
“Al confirmar la prisión de Carlos Granada, la Cámara de Apelaciones señaló que, si mejoraba en la caución real, el juez puede darle una medida menos gravosa. Hemos decidido desistir hasta tener ese certificado de dominio. Una vez que tengamos todo en regla, volveremos a solicitar la revisión”, explicó el abogado ante los medios de prensa.
Carlos Granada primeramente iba a ser remitido a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pero luego de que el director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia anunciara que sí sería admitido en la cárcel de Emboscada, quedó recluido en dicho centro.
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El ex gerente de prensa del grupo Albavisión fue procesado por el Ministerio Público luego de que seis jóvenes comunicadoras lo hayan denunciado, algunas por acoso y otras por coacción sexual, cuando Granada se desempeñaba como jefe de las víctimas.
De acuerdo con el acta de imputación, el periodista se aprovechaba de su posición en la empresa para cometer los hechos dentro de las instalaciones del mismo medio, con total impunidad.
La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay manifestó su repudio a las graves y reiteradas denuncias de violencia ejercida hacia las periodistas y resaltó que las denuncias de acoso sexual en dicha empresa no son nuevas.
También se realizaron manifestaciones por parte de las mismas trabajadoras del canal frente a la sede del medio de comunicación en apoyo a sus colegas, lo que derivó en despidos contra algunas de ellas o renuncias ante la presión por el caldeado ambiente laboral que quedó en el sitio.
El caso está a cargo de las agentes fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva.
