Una mayoría en el Parlamento Nacional debería constituirse en una herramienta para estar el servicio de la ciudadanía y trabajar por lograr el bienestar de todos. Lamentablemente, la mayoría conformada por colorados y liberales decidió solamente cuidar de sus propios intereses con una autoasignación millonaria para asegurar un privilegio inmoral. En el Paraguay, más del 80% de la población no cuenta con una jubilación; sin embargo, diputados y senadores accederán a una jubilación diferenciada después de apenas 10 años de aporte.
Con esta aprobación, los legisladores tienen en perspectiva un tranquilo futuro, ya que solamente con dos periodos de aporte, o sea diez años recibirán su jubilación. Esto contrasta de una manera brutal con la realidad de los trabajadores paraguayos, quienes deben tener al menos 55 años de edad y 30 años de aporte al Instituto de Previsión Social (IPS) para poder jubilarse, con el 80% de su salario.
Para nuestros parlamentarios esto fue apenas un trámite y nada les importó el repudio y cuestionamiento de la ciudadanía. Tanto senadores como diputados pusieron sus intereses por encima de los intereses de la población para autoasignarse una jubilación diferenciada, después de dos periodos van a gozar de una jubilación del 60% de pensión, basada en la desproporcionada dieta parlamentaria de G. 32.774.840 que reciben actualmente.
Queda en evidencia la desvergüenza de quienes deberían legislar en nombre del pueblo, a quien ellos representan, porque han cometido la insolencia de asignarse un nuevo privilegio, sobre los otros que ya están recibiendo. Debemos mencionar que 80 diputados y 45 senadores reciben gastos de representación, pasajes y viáticos, seguro médico, también con los impuestos se paga a por lo menos cuatro asesores en sus oficinas, y cuando no asisten a las sesiones –a diferencia de los trabajadores paraguayos– no se le descuenta de sus haberes. Con total impunidad, los congresistas legislan en su propio beneficio, y amplían la gran brecha de desigualdad. Y, en una demostración de coherencia, entre las personas que votaron por la jubilación vip están diputados liberales adscritos al cartismo como Marcelo Salinas, y la diputada Roya Torres, involucrada en un caso de nepotismo y está imputada por supuesto cobro indebido de honorarios en grado de cómplice.
La afrenta a los contribuyentes tiene otras aristas también, pues según se informó que la Caja de Jubilaciones del Parlamento tiene a un grupo privilegiado de 85 ex senadores y ex diputados que se acogieron al beneficio con un solo periodo, de cinco años. La jubilación vip de los parlamentarios va a costar al Estado USD 100 millones cada 15 años, considerando que ya existen más de un centenar de legisladores que solo aportaron 5 años y están cobrando hace más de 20 años esa jubilación.
Es ya intolerable que paraguayos y paraguayas deban mantener con sus impuestos los privilegios de una clase política indiferente ante los problemas y sufrimientos del pueblo y son ya inaceptables los privilegios de salarios millonarios sin acudir siquiera a las sesiones o la existencia de una agencia laboral exclusiva para sus hijos e hijas que reciben millones de guaraníes sin estar capacitados, y sin tener méritos ni talentos.
Diputados y senadores colorados cartistas juntos con sus satélites liberales están desangrando el presupuesto de gastos. Hoy más que nunca se hace real la amenaza autoritaria después de 35 años de democracia, pues no se ha construido en el Paraguay una verdadera cultura democrática.
Los parlamentarios deben tener presente que todos los paraguayos tienen derecho a acceder a la seguridad social pues así lo garantiza la Constitución. Necesitamos un Parlamento que utilice su mayoría con criterio e inteligencia en beneficio del país y que se enfoquen en crear leyes que tengan como único objetivo mejorar la calidad de vida de la población.
