El presidente Horacio Cartes dio su total aval al polémico proyecto de autoblindaje legislativo al vetar solo parcialmente la normativa y devolver la decisión al Congreso.
“Con un no rotundo a la impunidad y un sí a la institucionalidad, he decidido vetar parcialmente el proyecto de ley que reglamenta la pérdida de la investidura”, informó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.
El presidente objetó lo sancionado por los senadores en lo que respeta a que hay que esperar una sentencia judicial firme para la pérdida de la investidura.
“La parte que se objeta pretende subordinar y condicionar el procedimiento legislativo para la pérdida de investidura, a una decisión judicial previa, lo cual puede provocar la suspensión incierta e indefinida de dicho proceso, que favorecerá la impunidad del afectado”, argumentó en su decreto presidencial.
Agregó que el texto sancionado, que señala que para la determinación de la existencia de un hecho punible se respetarán las normas penales vigentes, “supedita todo el proceso en cuestión, a las resultas de una sentencia judicial, lo cual nos parece completamente inapropiado al posibilitar manifiestamente la impunidad”.
El Ejecutivo sostiene que si se considera la norma constitucional aplicable para la remoción de otras altas autoridades nacionales, se observa que, en ningún caso, se supedita el proceso y la decisión a una resolución judicial previa.
Luz verde. En cambio, Cartes dio su ok al aumento de los votos para la pérdida de la investidura, que es la parte del artículo que se considera abiertamente inconstitucional.
Argumentó que el artículo 201 de la Constitución prevé la posibilidad de la pérdida de la investidura a causa de la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el uso indebido de influencias, así como la sanción para esas causales. Sin embargo, no instituye la mayoría necesaria para aplicar la citada sanción, que a criterio del Ejecutivo constituye una omisión que configura una laguna o vacío legal. “Esta omisión, consideramos debe ser llenada con otras normas constitucionales que regulen situaciones similares o análogas, siendo pertinentes para ello las que regulan sanciones para otras altas autoridades estatales, a través de juicios políticos que para su procedencia requieren mayoría absoluta de dos tercios de la Cámara de Senadores”, afirmó.
Cartes remarcó que la intención de establecer la misma mayoría aplicable para los legisladores, resulta “no solo justo y equitativo, sino que brinda institucionalidad y condice con nuestro Estado Social de Derecho, con base al principio de igualdad constitucional, equiparando las separaciones del cargo de las autoridades de los tres poderes estatales”.
cuestionamientos. Ni bien se sancionó el autoblindaje en el Congreso, hubo una serie de reacciones contra la decisión política. Referentes de la sociedad civil consideraron que se pretende crear una casta privilegiada de políticos por encima de los demás miembros de la sociedad.
Expertos constitucionales recomendaron que el mejor camino era el veto total a la ley, considerando que la única vía para cambiar la Carta Magna es la reforma constitucional o la enmienda y que cualquier otra decisión atenta contra los principios constitucionales. Ahora los legisladores deberán considerar el veto presidencial para acompañar y poner en aplicación la normativa que surge tras la sanción a Óscar González Daher.
Su mensaje. A través del Twitter, Cartes confirmó su decisión de dar veto parcial al proyecto de autoblindaje legislativo
