Mediante la Resolución 1702, el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, Emiliano Rolón, conformó un equipo de fiscales que deberán intervenir los siguientes casos penales:
Cartes y su presunta red de contrabando y lavado
La primera causa que fue reasignada para continuar con su investigación es la que atañe directamente al ex presidente de la República, líder de Honor Colorado y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.
En enero de 2022, el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio presentó una denuncia particular contra Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
En ese entonces, Giuzzio explicó que decidió hacer la denuncia ante la Seprelad y no en el Ministerio Público porque la primera institución tiene las facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.
Además, el secretario de Estado sostuvo que hay fuertes sospechas de lavado de dinero como consecuencia de un hecho precedente “que es el contrabando”.
Tras esto, la entonces fiscala general Sandra Quiñónez abrió la causa penal número 15/2022, que fue caratulada como “Investigación fiscal sobre contrabando y lavado de dinero”, sin hacer alusión directa al ex mandatario, por quien Quiñónez siempre mostró lealtad y evitó investigarlo.
Los fiscales designados en ese caso fueron Liliana Alcaraz y Osmar Legal, quienes, tras cumplirse un año, aún no presentaron avances y la caratula de la carpeta tampoco fue modificada.
Todo esto, pese a que en un extenso informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso también se reveló una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente.
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En el documento se detalló que el ex mandatario opera mediante la excesiva producción de tabaco, su posterior comercialización y traslado al exterior por tierra y por agua, utilizando la misma ruta que el narcotráfico, así como se dio a conocer una lista de empresas vinculadas a su negocio, cuyos directivos están implicados en investigaciones.
También se mencionó a sus presuntos facilitadores para el lavado de activos, entre los cuales están su “amigo del alma” Darío Messer; el candidato a presidente por el Partido Colorado, Santiago Peña, y hasta la misma Sandra Quiñónez.
Caso Pandora Papers
De igual forma, otra causa que fue reasignada es la 7510/2021, caratulada como “Investigación fiscal sobre declaración falsa”, en la que Horacio Cartes es el centro una vez más, pero tampoco fue imputado ni se lo menciona directamente en la causa.
Se trata del caso conocido como Pandora Papers, que surgió después de que el ex presidente haya sido salpicado en una investigación internacional que sacudió a todo el mundo tras revelarse que diversos influyentes de América Latina están involucrados con negocios offshore.
La información internacional indicaba que, durante su gobierno al frente de Paraguay, el político y su familia estaban vinculados a sociedades offshore o compañías extraterritoriales que incluían bienes por valor de más de un millón de dólares.
A través de la compañía Dominicana Acquisition SA, una sociedad incorporada en Panamá en el 2011 por el ex mandatario, Cartes contaba con una cuenta en un banco y un apartamento en Miami.
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Además de ello, el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, había manifestado en su momento que el ex jefe de Estado, en 2013 y 2018, no declaró sobre la empresa en Panamá y que recién adjuntó en setiembre de 2022 por medio de una rectificación.
Caso avión iraní
En mayo del año pasado, un avión venezolano-iraní llegó a Paraguay y aterrizó en el aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná. Sus tripulantes se trasladaron hasta Ciudad del Este, donde permanecieron por al menos tres días y se alojaron en un conocido hotel de la capital paranaense.
La aeronave partió del país con un cargamento de cigarrillos —equivalente a USD 755.000— de la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes y luego arribó a Argentina, donde quedó retenida con sus ocupantes.
Desde ese momento, el caso despertó una alerta en toda la región, debido a que se descubrió que algunos de sus tripulantes son considerados por Estados Unidos como parte de Al Quds, una fuerza revolucionaria iraní, clasificada como una organización terrorista.
Tras haberse revelado que el cargamento que trasladaba era de la firma de Cartes y ante la investigación que ya se llevaba adelante en Argentina, la Fiscalía paraguaya también abrió una causa penal que fue caratulada como “Investigación fiscal sobre violación a la ley número 4024/2021 y sus modificaciones”.
El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán había asegurado que el Ministerio Público ya colaboraba en la investigación del vecino país desde junio, pero que lo hacía de modo confidencial. Esto, después de que el presidente Mario Abdo Benítez instruyera al ministro anticorrupción, René Fernández, a solicitar que la Fiscalía investigue el caso.
En setiembre, la Dirección Nacional de Aduanas detectó facturas con inconsistencias que presentó Tabesa por la carga de cigarrillos transportada por el avión y fueron entregadas a la Fiscalía, mientras que en octubre el fiscal Osmar Legal sostuvo que empleados de la empresa de Cartes serían citados. Tras esto, ya no se dieron informes al respecto.
Dario Messer, “hermano del alma” de Cartes
Otro caso emblemático que aún queda por cerrar en Paraguay es la causa 5/2022 caratulada como “Dario Messer y otros sobre lavado de dinero Inc.1", en la cual el cambista es investigado por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
Los fiscales asignados al caso eran Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes lo imputaron en mayo de 2018, junto con los demás procesados, Juan Pablo Jiménez Viveros, Adolfo Enrique Granada Cubilla, Ilan Grinspun, Dan Wolf Messer.
La imputación se dio después de una serie de allanamientos realizados tanto en el Departamento de Alto Paraná como en Asunción, tras lo cual el “hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura Internacional.
Para el Ministerio Público, existen sospechas suficientes de que todos los imputados en esta causa acumularon bienes mediante recursos antijurídicos, como la corrupción, actividades procedentes de un grupo criminal y el lavado de activos.
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Por ello, en el marco de la causa, se solicitó el comiso de varias cuentas bancarias, dos vehículos y 12 propiedades que figuran a nombre de los sospechosos. El patrimonio de Meser tiene un valor aproximado de USD 150 millones.
El empresario de origen brasileño, también con nacionalidad paraguaya, está acusado de supuestos vínculos con el caso Lava Jato en el Brasil, donde ya se encuentra condenado y recluido desde el 2019.
La Fiscalía de Río de Janeiro también solicitó un informe sobre los bienes de Dario Messer, ya que en su delación premiada él se comprometió a devolver el equivalente a un billón de reales, incluidos los bienes en tierras que tiene en Paraguay.
El ex presidente también fue vinculado a una investigación que se desprende del caso Lava Jato sobre la Operación Cambio que habría movido alrededor de USD 1.600 millones y por el que se encuentra condenado Messer.
En ese sentido, Brasil inició un proceso contra Cartes, con referencia a los USD 500.000 que el empresario habría recibido de su parte, mientras se encontraba prófugo de la Justicia paraguaya y del vecino país.
Caso ex ministro de Seprelad
El último caso que fue reasignado para continuar con su investigación es el relacionado con el ex titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, quien fue procesado por frustración a la persecución penal, lavado de dinero e inducción a cometer un hecho punible.
Esta causa se desprende del caso de Messer, ya que de acuerdo con los antecedentes, Boidanich habría entregado con retrasos a la Fiscalía un informe de investigación contra el cambista. La elaboración del documento inició ya en 2016 y se concluyó en junio de 2017, pero recién lo entregó en abril de 2018.
En ese entonces, el ex ministro señaló que fueron dos reportes los que se entregaron y que el primero hace referencia a Cartes, por las publicaciones periodísticas que lo vinculan con Messer, mientras que el segundo tiene los datos y movimientos financieros.
Además, en diciembre del 2018, el empresario José Ortiz, gerente de Tabesa, había reconocido que Óscar Boidanich tenía vínculos con el grupo, debido a que lo contrataron para que les elabore un manual de prevención del lavado de dinero. Los agentes fiscales asignados a esta pesquisa fueron René Fernández y Natalia Fúster.
El equipo especial designado
De acuerdo con lo que informó la Fiscalía, el equipo investigativo que ahora llevará todas esas causas emblemáticas estará integrado por los fiscales de Delitos Económicos, Anticorrupción y Anticontrabando, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Zayas, Jorge Arce Rolandi y Deny Yoon Par, quienes serán coordinados por la fiscala adjunta Matilde Moreno.
Además, también fueron designados como relatores los fiscales Alejandro Meilicke, María Verónica Valdez, Verónica Mayor Gamell y Fernando Meyer, quienes tendrán la misión de colaborar con los trabajos.
Lo que resulta cuestionable es que Francisco Cabrera es uno de los que lideran el equipo especial, pero así también fue uno de los fiscales que a lo largo de estos meses encabezó las investigaciones de algunos casos emblemáticos, sin presentar avances.
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La disposición se da tras haber asumido al frente Emiliano Rolón, quien prometió corregir los errores que se cometieron y que fueron blanco de críticas a lo largo de los años.
El último martes, el fiscal general también había reasignado la causa contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes. Llamativamente, un día antes de dejar su cargo, Quiñónez abrió una causa penal por prevaricato en contra de Fretes.
La Fiscalía mantuvo “en el olvido” todos los casos en los que está vinculado Cartes, pese a que en julio del año pasado, el Gobierno de Estados Unidos lo designó significativamente corrupto y poco después lo sancionó financieramente por presuntos hechos de corrupción, afirmando que incluso tiene conexiones con el terrorismo.
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, también fue sancionado por lo mismo y ahora la Fiscalía, a cargo de Rolón, abrió una causa penal contra ambos.
A lo largo de su administración en la Fiscalía General, Sandra Quiñónez fue muy cuestionada y atravesó por varios pedidos de destitución, debido a su evidente parcialidad y protección que ejercía hacia Horacio Cartes para evitar que él y sus socios sean investigados. Además, cuando estuvo al borde del juicio político, un aplastante sector cartista la libró.
