Víctor Ferreira
En febrero del 2016, el entonces titular del MOPC Ramón Jiménez Gaona dio a conocer la megaadjudicación del Gobierno de Horacio Cartes: las obras civiles del corredor central del Metrobús, liderada principalmente por el mentor del proyecto, el ingeniero José Tomás Rivarola, hoy repudiado por los frentistas del plan.
La obra fue otorgada a la portuguesa Mota Engil, concretamente el tramo del corredor central sobre la ruta 2 Mariscal Estigarribia y la avenida Eusebio Ayala (tramos 2 y 3). En ese momento, se presentó a la contratista como una empresa de gran renombre internacional y prestigio, lo cual siempre fue dudoso puesto que firmó el contrato ya con una subcontratista, la local Ocho A.
Desde un comienzo, Mota Engil prometió terminar los trabajos en marzo de este año, pero fue abandonada por su principal aliada, pues Ocho A dejó el barco antes de hundirse. Ahí comenzaron los problemas y los atrasos eran cada vez más evidentes.
Los frentistas siempre reclamaron una indemnización por las pérdidas, lo cual, según afirmaron, no se previó en el plan. Aunque se previeron unos USD 12 millones para expropiaciones de las afectaciones más grandes, dejaron de lado los resarcimientos por las propiedades más pequeñas y los afectados no permitieron el ingreso de las máquinas.
La incapacidad de la contratista, sumada a los problemas sociales y un deficiente proyecto, hizo fracasar el plan. Es así que en noviembre se cumplen dos años desde que la empresa inició las obras y apenas se terminaron 800 metros (en los lados norte y sur) y 1,5 km (en el lado norte), desde el campus hasta Lasca. En total, el corredor central tiene 11 km, de los cuales más de 4 km hoy están intransitables.
Desde el inicio, el Gobierno de Cartes y la administración de Jiménez Gaona pusieron a varios hombres de confianza que administraron el proyecto, de los cuales se puede mencionar a Juan Manuel Cano, Ángel María Recalde, Santiago de Filippi, Hugo Miranda y, por último, a Guillermo Alcaraz, cuando el proyecto ya no se sostenía.
Los mencionados deben ser investigados por las autoridades competentes, comenzando por sus líderes: Ramón Jiménez Gaona y Horacio Cartes. Por ejemplo, es bastante llamativo que, durante el Gobierno anterior, la empresa no haya recibido ninguna sanción como las multas, pues los atrasos eran evidentes.
Ahora, la empresa abandona la obra, pese a que ya cobró USD 16 millones por certificaciones de avance de obras, lo cual también debe corroborarse, según fuentes oficiales. La compañía también percibió USD 9 millones en concepto de anticipo, de los cuales devolvió USD 3,9 millones; es decir, USD 5,1 millones aún debe devolver.
El actual gerente del plan, Óscar Stark, dijo: “Todo el saldo de anticipo está cubierto por una garantía bancaria, que se puede ejecutar inmediatamente si ellos no devuelven”.