De la firma participará el presidente de la República Horacio Cartes, conjuntamente con otras autoridades del Ejecutivo.
Luego de arduas negociaciones y tras 23 días de movilizaciones, el Gobierno y los campesinos finalmente acordaron una salida.
Si bien los pequeños productores exigían la condonación total de sus deudas y el fortalecimiento de la agricultura familiar a través de una ley, el Gobierno se mantuvo firme y no aceptaba esta posibilidad y ofreció la refinanciación con distintos años de plazo.
No obstante, y pese a la negativa inicial de los campesinos, estos terminaron aceptando la propuesta del Gobierno.
Las marchas comenzaron el pasado 1 de abril, cuando los campesinos vinieron desde distintos puntos del país y se sumaron a la protesta de los cooperativistas que exigían el rechazo a la entrada en vigencia de la ley que obliga a las entidades solidarias a cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) a los intereses crediticios.
La mayoría de estas manifestaciones se realizaron en horario pico, generando el malestar ciudadano.
Las negociaciones no fueron fáciles debido a que las partes se mantenían en sus propuestas iniciales. Para el Ejecutivo nunca fue viable la condonación de las deudas de los pequeños productores y tampoco retrocedía con respecto al IVA para las entidades solidarias.
Incluso, el presidente de la República Horacio Cartes estableció un equipo negociador que se encargue del problema y no quiso recibir a ninguno de estos dos sectores en protesta.
Los puntos. El documento establece que las deudas vencidas podrán ser refinanciadas a diez años, con la quita de intereses. No obstante, se otorgan años de gracia, pero con el aumento de la tasa de interés de acuerdo a cada caso.
El acuerdo menciona además que con respecto al fortalecimiento de la agricultura familiar y seguridad alimentaria, el Gobierno se compromete a instalar “espacios de encuentro intersectorial”.
Asimismo, el BNF queda facultado a realizar operaciones de compra de deudas vencidas, judicializadas o refinanciadas pertenecientes a pequeños productores.
Pese al acuerdo logrado, se debe determinar cuál es el costo económico que significa para el país la concesión del Ejecutivo. Hasta ahora no se sabe la fuente de financiamiento para algunos puntos.
