Apenas asumió en el cargo, el gobernante empezó a marcar su agenda al conseguir que el Congreso le apruebe una ley que le daría todo el poder para desplegar las Fuerzas Armadas en el Norte para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Es que el grupo armado, dos días después de la asunción presidencial, realizó uno de sus más mortíferos ataques en Tacuatí, San Pedro, poniendo a prueba la capacidad de reacción del nuevo Gobierno.
Sin dudar, Cartes planteó la modificación de la Ley 1337 de defensa y seguridad interna para brindar mayor operatividad a las fuerzas militares. En forma maratónica, el Congreso dio luz verde a la iniciativa, que luego le generó críticas al empresario presidente por los superpoderes que le otorgaba la normativa.
Superado el impacto del grupo armado, el presidente entró en la siguiente fase de su agenda y delineó sus principales proyectos económicos. En medio de la pulseada con sus correligionarios que reclamaron mayor espacio de poder en la función pública, el presidente logró imponer en el Congreso la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Alianza Público-Privada, con las que apunta a incentivar inversiones privadas.
Esto motivó otra serie de reacciones de sindicatos y gremios que acusaron al nuevo Gobierno de pretender privatizar las empresas públicas.
Pero las críticas que se venían haciendo contra el Gobierno fueron direccionadas hacia el Congreso, que es blanco de una inédita reacción ciudadana, que se levantó por los hechos de nepotismo, tráfico de influencias y defensa corporativa para evadir la Justicia que revelaron las publicaciones de las listas y salarios de los funcionarios públicos.
La negativa del Congreso de brindar información sobre la nómina de funcionarios hizo subir la tensión a tal punto que la Corte da el primer paso de informar sobre el listado de empleados, lo que forzó a los senadores y diputados a hacer lo mismo. Esto reveló lo que ya era de alta sospecha: el prebendarismo en el manejo de la cosa pública.
El caso más emblemático: el del senador Víctor Bogado, quien ubicó a una supuesta niñera en la función pública con dos salarios. Esto derivó en una imputación judicial, frenada por 23 senadores que rechazaron su desafuero, lo que desató la ira de la gente.
