La declaración pedía las cabezas de Marco Alcaraz, de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI); Liliana Alcaraz, de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad); y Jalil Rachid, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), todos supuestamente involucrados en esquemas de tráfico de influencia y corrupción.
Durante el estadio de votación se dieron dos veces que los diputados empataron ocho contra ocho, por lo que el titular de la Comisión Permanente ejerció su potestad de definir la votación y su postura fue en contra de la declaración.
Los chats exponen a Marco Alcaraz como operador del legislador fallecido, mientras que su hermana y también ministra recibió apoyo en su campaña para presidir la Asociación de Fiscales. Por su parte, Rachid es señalado también por presuntos vínculos suyos y de otros funcionarios del ente a su cargo.
Sesión. El proyectista fue el diputado encuentrista Raúl Benítez, quien defendió la potestad de la Comisión Permanente del Congreso en aprobar declaraciones que insten al Ejecutivo a tomar medidas, en este caso, contra ministros salpicados por un escándalo tan grave.
El diputado colorado Santiago Benítez, quien reemplazó al mismísimo Eulalio Lalo Gomes en la Cámara Baja, fue el que sostuvo que la Comisión Permanente no tiene esa potestad, ya que los consideró como una forma de inmiscuirse en los roles del Poder Ejecutivo.
“Le estamos faltando al respeto al Ejecutivo, estamos extralimitándonos a nuestras funciones. A título personal, yo estoy de acuerdo con el diputado Raúl Benítez, pero como Comisión Permanente no podemos... El presidente analizará un pedido así y, seguramente, es un pedido de todos los paraguayos”, dijo.
Benítez retrucó los argumentos de Benítez sosteniendo que la función del Congreso Nacional también es la de controlar al Ejecutivo, como lo son los pedidos de informes hasta el propio juicio político al presidente de la República, por lo que no es correcta la apreciación contraria.
“El presidente Santiago Peña está en una prueba de fuego, y en esa prueba de fuego está aplazado por su silencio cómplice... sigue dándole un guiño al crimen organizado, porque ese es el mensaje que da con su silencio”, expresó.
Detalló que Marco Alcaraz llegó a ser fiscal adjunto en la Unidad Antinarcotráfico y, según los chats, propició reuniones para cajonear el caso de Cabeza Branca.
El diputado colorado disidente Daniel Centurión se sumó al pedido de renuncia, en particular, Marco Alcaraz, señalando que afecta al país entero. También el diputado liberal Pedro Gómez instó a la aprobación recordando que varias otras declaraciones aprobadas instaban al Ejecutivo a tomar otras medidas.
Para el próximo miércoles 19 fue convocada la Cámara de Diputados para tratar, en sesión extraordinaria, la nota de renuncia de Orlando Arévalo como diputado nacional y, de ser aprobada, será convocado inmediatamente a quien ocupará la banca de la ANR por el Departamento Central; el actual diputado suplente, Saúl González. La nota de Arévalo fue presentada y tuvo entrada el pasado sábado 8, en un escrito dirigido al presidente de la Cámara Baja, el diputado colorado Raúl Latorre. En el documento, Orlando Arévalo renunció de manera indeclinable a su banca como diputado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), por el décimo primer departamento, así como lo había hecho días a atrás a su rol de representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde era vicepresidente primero y llegó a ser titular antes. Este cayó víctima del escándalo de los chats del fallecido ex diputado Orlando Arévalo, divulgados y en los que se observa y se revela un supuesto esquema de tráfico de influencia y corrupción. Arévalo se había puesto firme en su postura de no renunciar a su banca y lanzó acusaciones contra el juez Osmar Legal, impulsor de la denuncia en la que el diputado está involucrado, pero posteriormente decidió presentar su renuncia. La falta de respaldo de su bancada ante los hechos de público conocimiento obligaron al legislador a tomar la decisión, de manera a que no sean sus colegas quienes lo terminen echando.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer la convocatoria al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y al juez contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, para abordar la denuncia e investigación respecto a los chats extraídos del teléfono del investigado y abatido ex diputado Eulalio Lalo Gomes, que quedó finalmente para el próximo miércoles 19, a las 09:00. La propuesta inicial fue realizada por el senador José Oviedo, enfocada en la invitación al fiscal general del Estado, pero a pedido del senador Dionisio Amarilla, se agregó a la convocatoria al juez legal, a quien tildó de “estrella” y sospechoso de romper la cadena de custodia del teléfono de Lalo Gomes. Luego de una discusión entre los legisladores sobre a quiénes se convocaría, del carácter de la reunión (reservada o no) y cuándo se realizaría la reunión, finalmente se decidió que se decida en el momento el carácter que tendrá la reunión con base en los invitados.
